Un preocupante signo de debilidad y una mala técnica legislativa

El decaimiento del decreto ley de alquileres daña la seguridad jurídica y el mercado

El decaimiento del decreto ley sobre alquileres aprobado por el Gobierno el pasado mes de diciembre, debido al voto en contra de Unidos-Podemos, constituye una muestra evidente de la debilidad parlamentaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero también de su precipitación legislativa. La norma fue promulgada como respuesta casi inmediata al conflicto que provocó el polémico cambio de criterio del Tribunal Supremo respecto al pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados en los contratos hipotecarios, aunque el texto incorporó también otras medidas de protección a los inquilinos. El Ejecutivo contaba en principio con que Podemos apoyaría la convalidación del texto en el Congreso, pero este ha decidido retirar su voto por la negativa a incluir en la norma la limitación del precio de los arrendamientos, una medida que formaba parte del acuerdo presupuestario firmado en su día con la formación de Pablo Iglesias.

El resultado es que el real decreto ley del Gobierno ha perdido su vigencia tras solo un mes de aplicación. El régimen implantado por la norma seguirá en vigor para los contratos firmados durante ese periodo, pero los formalizados a partir de ahora volverán a regirse por el régimen anterior. Dado que el Ejecutivo ha anunciado que en dos semanas podrá presentar un nuevo decreto, todo apunta a que la regulación que acaba de decaer volverá a recuperarse en un breve plazo, en lo que parece un vodevil regulatorio que perjudica la imagen del Gobierno y daña la seguridad jurídica en España.

La primera consecuencia de lo ocurrido ayer en el Congreso es una más que probable paralización del tráfico de arrendamiento en las próximas semanas, a la espera de que el Ejecutivo dicte un nuevo decreto ley. Es la reacción lógica del mercado ante el clima de incertidumbre que provoca una técnica legislativa como la que ha utilizado el Gobierno, y el comportamiento natural de la demanda de alquiler ante las expectativas de una regulación más favorable a sus intereses.

El Gobierno actual no es el primero en abusar del decreto ley, como tampoco en olvidar que se trata de un instrumento excepcional pensado para situaciones de urgencia. El propio Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición criticó con razón su uso por parte del Gobierno anterior. Pero a la mala técnica legislativa y a la precipitación que trae consigo el abuso de este instrumento, se une ahora la inquietante debilidad de un Ejecutivo que no puede garantizar siquiera poder gobernar a golpe de decreto y que debería reflexionar seriamente sobre lo que esa limitación supone para el bien del país.

 

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