La Agencia Tributaria vigilará las sicavs y la asociación de fondos carga contra la medida
Inverco asegura que dañará la generación de empleo y la recaudación de impuestos
El control de las sicavs volverá a la Agencia Tributaria si se aprueban los Presupuestos. La CNMV se encarga desde 2005 de vigilar que las sociedades de inversión de capital variable (sicavs) cumplan con el requisito de contar al menos con los 100 accionistas que necesitan para disfrutar de su ventaja de pagar el 1% en el impuesto de sociedades.
Antes, el supervisor era la Agencia Tributaria. Si se aprueban las cuentas, este organismo volverá a ser el encargado de verificar ese requisito. Cierto es que ya en el acuerdo entre PP y Ciudadanos se pactó esta medida, aunque no llegó a aplicarse.
La asociación española de fondos de inversión, Inverco, que incluye a las sicavs,ha publicado una nota de protesta. “La encomienda a la Administración Tributaria de la potestad para comprobar el cumplimiento del número mínimo de accionistas, no hace sino alejar aún más a las sicavs españolas del régimen europeo, lo que resultará perjudicial para la actividad de gestión española, con sus correspondientes efectos negativos financiación de la economía, la generación de empleo y la recaudación de impuestos, al desplazar sus inversiones, así como los puestos de trabajo y los ingresos fiscales derivados de su actividad, hacia otras jurisdicciones comunitarias”, asegura.
Inverco avisa de que las españolas tienen un claro sesgo inversor hacia los activos domésticos, pues invierten casi un tercio de su patrimonio (30.832 millones de euros) en activos españoles. Si se deslocalizan esto dejará de ser así casi con toda probabilidad, según la asociación.
Las sicavs se pusieron en el punto de mira político ese año, cuando los dos partidos emergentes, Ciudadanos y Podemos, las señalaron como un tipo de vehículo que pagaba pocos impuestos y que era utilizado por multimillonarios.
La última amenaza sobre las sicavs se ha materializado con el pacto entre Podemos y el Gobierno de Pedro Sánchez. En el documento acordado se establece que la Agencia Tributaria tendrá mayores competencias para establecer si las sicavs cumplen con los requisitos para tributar al tipo reducido del 1%. Eso sí, una vez que se rescatan las plusvalías, estas tributan al porcentaje correspondiente en el IRPF, que ahora se sitúa entre el 19% y el 23%.
Además, contempla la fijación de un tope máximo de concentración. Un portavoz del Ministerio de Hacienda explica que no está definido, pero fuentes del sector dan por hecho que el deseo es que un solo inversor no pueda controlar más del 50% del patrimonio de la sicav. El objetivo es garantizar su carácter de inversión colectiva.
En la actualidad hay constituidas poco más de 2.700 sicavs, niveles mínimos de los últimos 16 años, con un patrimonio conjunto de casi 31.000 millones de euros. “Hay gente que está deshaciendo su sicav porque no se fía”, explica José Couret, responsable en España del banco suizo Lombard Odier. “Algunos clientes han optado por liquidarlas y empezar a invertir a través de una sociedad limitada, que tiene mayor flexibilidad. Otros han decidido deshacerlas y crear una cartera de fondos. Puede que políticamente quedes muy bien, porque vas a por los ricos, pero el efecto recaudatorio es limitado y, a la larga, provocaría la salida de inversiones fuera de España”.