Guiños a Cataluña e inversión social récord: las medidas estrella de Sánchez para captar apoyos a sus cuentas

El Gobierno fía 15.000 de los 20.000 millones de alza de ingresos a la recuperación

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de oscuro, junto a la subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque, y flanqueadas por las secretarias de Estado de Presupuestos y Gastos, María José Gualda, y de Hacienda, Inés Bardón, este lunes, en el Congreso de los Diputados, donde presentaron el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de oscuro, junto a la subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque, y flanqueadas por las secretarias de Estado de Presupuestos y Gastos, María José Gualda, y de Hacienda, Inés Bardón, este lunes, en el Congreso de los Diputados, donde presentaron el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019.

“Estos Presupuestos son un punto de inflexión, un cambio de ritmo necesario” para cumplir el “triple objetivo” de “proteger el crecimiento económico, reorientándolo a un desarrollo sostenible”, “fortalecer las políticas sociales tras una década de incremento de la desigualdad, redistribuyendo la riqueza”, y continuar con la “reducción del déficit y la deuda pública” para cumplir las exigencias de los socios europeos, defendió este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras presentar formalmente el proyecto de Presupuestos  Generales del Estado para 2019 en el Congreso de los Diputados.

“Estas cuentas públicas defienden la igualdad frente a quien quiere retrotraernos a épocas oscuras de nuestro pasado”, agregó en referencia a VOX la ministra quien, flanqueada por las secretarias de Estado de Presupuestos y Hacienda, subrayó su mensaje con la imagen de un podio ministerial compuesto únicamente por mujeres. En un tono a ratos cercano al del mitin, Montero desgranó sus cuentas asegurando que son las que “necesita este país” y conminó a todas las fuerzas políticas a aceptar su tramitación y negociar su aprobación, porque tumbarlas no sería dar un golpe político al PSOE sino causar “un daño a los españoles”.

El Gobierno de Pedro Sánchez, que para sacar adelante sus cuentas y agotar la legislatura requiere volver a concitar al menos los mismos apoyos que le llevaron al poder en la moción de censura de junio, no ha fiado el futuro de los Presupuestos a la buena voluntad del resto de partidos. Tras pactar el texto de partida con Unidos Podemos y prometer que atenderá las propuestas que el PNV quiera hacer durante la tramitación del proyecto, el Ejecutivo ha disparado la inversión en Cataluña para tratar de recabar el aval de las formaciones independentistas.

En concreto, las cuentas presentadas este lunes recogen una dotación de 2.251,38 millones de euros para dicha comunidad, lo que supone un 66,7% más que los 1.350 millones que se le asignaron en 2018. El movimiento eleva el porcentaje que recibe Cataluña de toda la inversión autonómica desde el 13,5% al 18,5%, acercándola al 19,2% que le correspondería por su aportación al PIB, que es lo que fija el Estatut.

En concreto, el Presupuesto recoge una inversión real de 2.051 millones para la región, el 16,8% del total, a los que se suman 200 millones de euros para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo que detectó un déficit inversor en las infraestructuras catalanas. Además, como resultado de la negociación bilateral abierta entre Hacienda y el Govern, este último monto será licitado directamente por la Generalitat.

De esta forma, Cataluña pasa a ser la región que más recursos recibe, superando los 2.132,77 millones de Andalucía, y casi duplicando los 1.249,25 de Madrid. Montero aseveró, no obstante, que el Gobierno se ha limitado a cumplir la ley y ha respetado todos los estatutos que fijan las dotaciones regionales, lo que incluye a Andalucía, Aragón, Baleares, Extremadura o Castilla y León, citó.

En todo caso, la ministra dejó la puerta abierta a elevar aún más la aportación a Cataluña si así lo acuerda el Parlamento, dejando margen adicional para negociar.

Las cuentas de Sánchez, en todo caso, no solo son expansivas con Cataluña. De hecho, destinan 2.000 millones más a las autonomías y recogen el mayor incremento del gasto público desde que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pusiera en marcha el programa de fomento económico con inversión pública conocido como Plan-E, hace casi una década. En total, Sánchez eleva un 5,3% el gasto del conjunto del Estado, hasta los 345.358 millones, el 57% de los cuáles iría a políticas sociales como ayudas a la dependencia, el aumento de cinco a ocho semanas de los permisos de paternidad (con un coste de 825 millones) o la oferta de 20.000 viviendas de alquiler social.

A falta de ver si el Congreso permitirá tramitar las cuentas en la votación del 13 de febrero, estos anuncios abonan la precampaña electoral de las elecciones locales, autonómicas y europeas del 26 de mayo. Comicios para los que se reserva una partida de 177 millones.

A fin de compensar semejante incremento del gasto, bajo el objetivo oficial de rebajar el déficit del 2,7% al 1,3%, el Ejecutivo ha previsto un incremento de la recaudación tributaria del 9,5%, hasta los 227.356 millones. Eso supone aumentar los ingresos en 20.000 millones frente a la liquidación provisional de 2018, si bien la reforma fiscal de Montero solo aspira a recaudar 5.654 millones a costa de las grandes empresas, las rentas altas y creando nuevos impuestos a las transacciones financieras y los negocios digitales. El resto, casi 15.000 millones adicionales, se fía al buen tono de la economía, pese a que el Gobierno ha rebajado la previsión de crecimiento al 2,2%, la menor desde 2014.

Hacienda estima que su objetivo de déficit (del 1,8%, que PP y Cs tumbaron) habría permitido crecer al 2,4%. Por eso, Montero abrió la puerta a consentir el incumplimiento de sus cuentas permitiendo más gasto si su objetivo de déficit acaba aprobándose. Por el contrario, no avalar estas cuentas ahondaría el descrédito de la clase política, agravaría la situación de las clases medias y elevaría el déficit al 2,4%, advirtió la ministra, que instó a todas las fuerzas a sentarse a negociar. 

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