Infraestructuras

Las ingenierías urgen una reforma legal para reactivar 12.000 millones en obra hidráulica

Fidex critica la rigidez de los pliegos y reclamará la modificación de la Ley de Desindexación

Planta de depuración gestionada por Aqualia.
Planta de depuración gestionada por Aqualia.

Once de las mayores ingenierías del país ultiman un catálogo de medidas que harán llegar en los próximos días a distintos ministerios, entre ellos el de Hacienda, con el objetivo de reactivar el interés de los proyectos concesionales a ojos del capital privado. Las empresas parten de la premisa de que España ha perdido atractivo para grandes fondos y grupos de infraestructuras a base de restricciones presupuestarias y barreras a la inversión.

El documento irá firmado por las empresas del Foro para la Ingeniería de Excelencia (Fidex), y entre las peticiones destaca la modificación de la Ley de Desindexación de la Economía Española, de 2017, que eliminó las actualizaciones de tarifas en función del IPC.

Con ello se busca la vuelta al anterior sistema de revisión de precios y la supresión del actual tope al rendimiento del capital invertido en proyectos que requieren más de cinco años de plazo concesional.

La petición concreta es la de modificar, en el desarrollo reglamentario del artículo 10 de la citada Ley, el límite fijado en 200 puntos básicos sobre el valor de la deuda del Estado a diez años. Una fórmula que, a día de hoy, deja la rentabilidad media de grandes concesiones en el entorno del 3,5%. El documento de trabajo incidirá en mostrar que los países más activos en colaboración público-privada ofrecen a los inversores umbrales mínimos de rendimiento en el entorno del 8% al 9%.

El grupo de las 11

Fidex está compuesta por Typsa, Eptisa, Técnicas Reunidas, ECG, Sener, Acciona Ingeniería, Prointec, Aecom Inocsa, Getinsa, Intecsa-Inarsa y Airtificial. Todas ellas suman 6.000 millones en ingresos anuales y 23.000 empleados.

El colectivo, según explican fuentes cercanas a la iniciativa, se ha centrado en la “urgencia de reactivar la inversión en materia de gestión de las aguas”. Fidex tiene identificadas 500 actuaciones prioritarias en este campo, con inversiones presupuestadas en 12.000 millones de euros y paralizadas con el hundimiento de la inversión pública. España ya soporta sanciones por el incumplimiento de la normativa europea en materia de gestión de aguas residuales.

Desde la asociación que preside Valentín Estefanell se insistirá en que el único modelo viable de financiación para sacar del bloqueo ese medio millar de actuaciones es la colaboración público-privada. Pero el frente de ingenierías quiere hacer ver al Gobierno que existen potentes frenos a la atracción de grandes inversores. Y no solo se trata del tope al rendimiento del capital.

Menor intervencionismo

El sector privado de la ingeniería va a ser crítico con la redacción de pliegos “híperdirigidos” por parte de la Administración. Estas compañías hablan de una “extralimitación” en la fijación, a los invesores privados, de los criterios de actuación y requisitos técnicos en el desarrollo de los proyectos.

Así, entre las propuestas que se dirigirán a Hacienda y los ministerios inversores figurará una clara separación entre los estándares de calidad deseados en futuras infraestructuras, que deberían marcarse por parte de los órganos licitadores, y la fijación de los procedimientos para garantizar la eficiencia en las fases de construcción y operación, que piden para sí las empresas que se responsabilizan de grandes obras en régimen de concesión.

De hecho, las soluciones técnicas y el modo de optimizar las inversiones son elementos que decantan los mayores concursos internacionales que llevan años ganando ACS, Ferrovial, FCC, Acciona, Sacyr u OHL, entre otras constructoras y operadoras españolas de infraestructuras.

Fidex pedirá la licitación de lotes mixtos, con depuradoras de mayor y menor calado, en busca de rentabilidades medias suficientes

Fidex también defenderá la modificación de pliegos para que, en el caso de las plantas de depuración, sea la disponibilidad y calidad del agua (garantía de servicio) la que marque la remuneración y no el volumen de agua que llega a la depuradora, dependiente de variables externas como la propia pluviosidad.

Independientemente de la conocida opinión de las grandes referencias de la obra civil, y su ofrecimiento para invertir en España, reiterado una y otra vez por la patronal Seopan, el Gobierno se ha encontrado con dificultades objetivas para lanzar programas extrapresupuestarios de desarrollo. Y el ejemplo más claro está en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), con más de una veintena de actuaciones por 5.000 millones de euros a cambio de concesiones a largo plazo. Boqueado desde hace meses, Fomento ha optado por lanzar los primeros proyectos del PIC con cargo a los presupuestos públicos y trabaja en la modificación de los pliegos con el fin de evitar conflictos con la Ley de Desindexación.

Otra medida básica para generar interés inversor, según Fidex, es la creación de lotes mixtos para su entrega en concesión. Esto es combinar instalaciones de gestión del agua urbanas, de mayor tamaño y rentabilidad, con las de ámbito rural con el fin de ofrecer rentabilidades medias suficientes. La asociación apoya esta demanda en la evolución del plan de depuración de Castilla-La Mancha, que contempla invesiones por 600 millones y se encuentra paralizado por falta de fondos.

Un regulador y el reconocimiento de costes

Pagar por tirar agua. Las ingenierías de Fidex defienden la apertura del debate sobre el reconocimiento y repercusión de los costes relacionados con el tratamiento de aguas residuales urbanas. Esta carga, reconocida en la Directiva Marco del Agua como un coste imputable al usuario, marcaría el establecimiento de un precio por tirar el agua, del mismo modo que existe una tarifa por encontrarla en el grifo.

Tasas de alcantarillado. Las administraciones locales tienen las competencias sobre el alcantarillado (Ley 8/1989, de Tasas y Precios Públicos, y la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local). Hasta ahora son mayoría las que han venido asumiendo el coste de gestión del agua desechada y ha sido en los últimos años cuando han aflorado las tasas de alcantarillado.

Criterios comunes. Las ingenierías van a insistir en la necesidad de un órgano regulador nacional al que se sometan los ayuntamientos para fijar criterios y precios del agua.

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