Un bono eléctrico ajustado a las necesidades y de tramitación sencilla

El Gobierno debe clarificar la financiación de su plan integral contra la pobreza energética que planea

A solo un par de jornadas hábiles para que eche el cierre este año las eléctricas tienen únicamente contabilizados como perceptores del bono social eléctrico a los que aplicar los descuentos recogidos en la normativa desde enero a poco más de un millón de hogares, prácticamente la mitad de los que lo perciben ahora. Aunque no hay ningún cierre excluyente del calendario el 31 de diciembre, puesto que puede solicitarse después y la petición será igualmente atendida por las compañías y el Ministerio de Transición Ecológica, las empresas suministradoras aplicarán la tarifa regular a quienes no hayan solicitado de nuevo el beneficio del bono y le haya sido autorizado. Por tanto, pese a que aún están pendientes de resolver unos cuantos miles de peticiones, perderán los descuentos una cantidad muy significativa de hogares en el arranque del año.

Tratando de buscar la máxima ecuanimidad y protección, el diseño del bono social, para que ni uno solo de los hogares con auténticas dificultades económicas quedase excluido de las ayudas, ha ampliado los colectivos susceptibles de los descuentos a los existentes inicialmente (familia numerosa, pensionistas con prestaciones públicas mínimas, etc.), y ha introducido el criterio de renta regular que solo puede certificar la Agencia Tributaria, además de excluir otros (potencia instalada) que con carácter general incorporaba centenares de miles de hogares con alta capacidad económica.

Bien pudiera ser que la cantidad de hogares que ahora han solicitado los descuentos contenidos en el bono, estratificados en un 25% para los hogares vulnerables, 40% para los vulnerables severos, y hasta el 100% para las familias con riesgo de exclusión social, conformen los colectivos que realmente los precisan, mientras que hasta ahora la laxitud de los requisitos exigidos engordaba injustamente los demandantes. La incorporación del criterio de renta es fundamental para atender a quien lo necesita y excluir a quien no lo precisa, aunque en este grupo sigan alojados una buena cantidad de hogares a los que el mero hecho de constituir una familia numerosa le otorga el derecho. Cierto es también que la complejidad de la casuística ha dificultado las peticiones de los particulares.

El Gobierno tiene entre sus intenciones el diseño de un plan integral de lucha contra la pobreza energética que debería afinar las condiciones de acceso a los privilegios del bono social eléctrico y de calefacción (que arrancó en otoño), y cuya financiación debe clarificar para que no descanse en las cuentas de las empresas eléctricas primero, y en la factura del resto de los consumidores, a la postre.

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