El presidente de Mibgas reclama como finiquito la mitad de lo que ingresa la sociedad

Antonio Erias, que reclama más de 1,5 millones de indemnización, será sustituido por Raúl Yunta

Belén Trincado / Cinco Días

El consejo de administración del operador del mercado organizado del gas natural, Mibgas, que se celebró este miércoles terminó como el rosario de la aurora. En el orden del día figuraba el cese de su presidente, Antonio Erias, exdiputado del Partido Popular por La Coruña y hombre estrechamente ligado a Mariano Rajoy y al difunto Manuel Fraga, y su sustitución por Raúl Yunta, exdirector de hidrocarburos de la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE) y actual subdirector de Gas de la Dirección de Energía de la CNMC.

La polémica destitución del presidente del mercado secundario del gas está relacionada con su indemnización, que asciende por contrato a más de 1,5 millones de euros, la mitad de lo que ingresa la empresa en un año. “Una cantidad excesivamente elevada -señalan fuentes del sector- para una compañía que vive de las aportaciones de los socios y de los ingresos que le reconoce anualmente los peajes de acceso a las redes de gas que pagan los consumidores en su factura”.

Según figura en la nueva propuesta de orden de peajes gasísticos, la retribución de Mibgas para 2019 se mantiene igual que la del año anterior, en 3,9 millones de euros y supone casi un millón de euros enos que la solicitada por la compañía (916.000 euros). Se trata además de una remuneración que tiene carácter provisional en tanto se publica la metodología de cálculo que exige la normativa, momento en el cual se saldarán convenientemente las cantidades.

Creada en 2015, Mibgas es una extraña sociedad privada en la que, por ley, participan el operador del sistema, Enagás (con un 13,33%); su homóloga portuguesa, REN Gasoductos (6,67%) y los operadores del mercado ibérico de electricidad (Mibel), en sus polos español (OMIE) y luso (OMIP), con un 33,3% y un 10%, respectivamente. El resto del accionariado lo integran 13 empresas energéticas, entre ellas las grandes eléctricas y petroleras, y otras cuatro de distintos sectores, como BNP o AFI (ver gráfico). Ningún accionista energético, por ser potenciales agentes del mercado, puede tener más de un 3% del capital para evitar “una influencia significativa”. Por su parte, el resto de inversores no puede superar el 5%.

Por un perfil técnico

El nombramiento de Antonio Erias como presidente de Mibgas en 2015 rompió todos los esquemas. Un político ajeno al sector y sin experiencia alguna en energía, su relación con los barones del PP gallego le aupó a un codiciado cargo. El candidato propuesto por el actual Gobierno para sustituir a Erias, Raúl Yunta, tiene un perfil radicalmente distinto. Yunta, uno de los mayores expertos en gas en España, es considerado “un técnico solvente”. Director general de hidrocarburos de la CNE, fue degradado por el PP tras la fusión de este organismo en la CNMC, que fue creada en 2014. Ahora ocupa la subdirección de gas del supervisor.

Fue precisamente la presidenta de OMIE, Carmen Becerril, quien en un proceso similar, fue nombrada para su actual cargo el pasado verano en sustitución de Ignacio Grangel, la que comunicó a Antonio Erias debía abandonar su sillón. A esta petición, que ocurrió hace un par de semanas, este pidió “mejores formas” y esgrimió su contrato blindado en el que figuran los citados 1,2 millones de euros, confirman fuentes próximas a la empresa. Mibgas y OMIE comparten dos plantas de un mismo edificio en el centro de Madrid.

Los consejeros “privados” del operador del gas se negaron el miércoles a firmar dicha indemnización, alegando que es demasiado elevada para los fondos de una empresa que cuenta con una escasa estructura, y reclamaron la convocatoria de una junta extraordinaria para enero, en la que los accionistas en pleno asuman una decisión que consideran “delicada judicialmente”.

Tal como ocurre en OMIE, aunque la decisión de cambiar al presidente es de los accionistas (aunque siempre a petición del Ejecutivo), la propuesta de su sustituto debe recibir el visto bueno de los Gobiernos español y portugués. En el caso de Mibgas, el peso de las sociedades reguladas (Enagás, REN Gasoductos y los operadores eléctricos), con un 63%, facilita la tarea.

La creación de Mibgas, cuyo objeto era dar liquidez “y una señal de precios transparentes” al mercado del gas, estuvo inmersa en la polémica. Primero, porque ya existía un hub de gas vasco (Iberiangashub), al que por real decreto (el que modificó en 2015 la Ley de Hidrocarburos), se dejó sin funciones (después se produjo una integración). Además, Gas Natural Fenosa (hoy, Naturgy) recurrió ante los tribunales la retribución de Mibgas, sociedad que se quedó con el monopolio de la operación del mercado, y que se financia con la factura de gas de los usuarios.

También denunció el sistema de asignación de garantías a constituir por los agentes para cubrir los riesgos del mercado, cuyo reparto por cuotas, perjudicaba a la compañía hoy presidida por Francisco Reynés, con una cuota de mercado entonces del 60%.

La polémica continuó en enero de 2017 cuando, a la vista del fuerte repunte de los precios eléctricos, que se culpó a los ciclos combinados, el entonces ministro de Energía, Álvaro Nadal, impuso a los operadores dominantes del gas, Naturgy y Endesa, la obligación de comprar combustible para dar liquidez a un mercado secundario (de ajustes) en el que entonces apenas se negociaba un 5% de los contratos.

El caso OMIE

La situación guarda muchas similitudes con OMIE, que ha vivido en apenas un año el nombramiento de dos presidentes. Antonio Mejía, nombrado por el Gobierno de Zapatero, fue cesado a finales de 2017 y se llevó 1,5 millones de euros de indemnización (el equivalente a tres años de salario). Le sustituyó, no sin cierto escándalo, Ignacio Grangel, hombre de confianza de Álvaro Nadal, al que los accionistas de la sociedad lograron recortar el blindaje a un año de su salario.

Y lo cobró, sin haber cumplido ni un año en el cargo, el pasado verano cuando, tras la llegada de Pedro Sánchez al poder fue sustituido en la presidencia por Carmen Becerril.