Más protección para el inquilino, mayor riesgo para el arrendador
El Ejecutivo ha tomado una decisión acertada al optar por no intervenir en los precios de los alquileres
Como si se tratara de la máquina del tiempo de H. G. Wells, el Gobierno recuperó el viernes algunas de las líneas maestras de la regulación sobre el alquiler de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, que estuvieron vigentes hasta que en 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy modificó la norma para tratar de flexibilizar el mercado y reducir el parque de viviendas vacías. El decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez eleva otra vez hasta cinco años la duración de los contratos –hasta siete si el propietario es una persona jurídica– y recupera también los tres años de la prórroga tácita. Ambas medidas refuerzan sustancialmente la protección del arrendatario, pero elevan también el riesgo que asume el arrendador al poner el inmueble en alquiler y no es difícil prever que harán crecer la ya elevada litigiosidad en este ámbito.
La norma, que el Gobierno justifica en el “derecho” y la “función social” de la vivienda, limita a dos meses de fianza la garantía que el propietario puede exigir a su inquilino. También incorpora medidas de salvaguarda para las situaciones de deshaucio, que sin ser en exceso onerosas –permite paralizarlos un mes si el arrendador es un particular y dos si es una empresa–, proporcionarán cierto margen a los servicios sociales para realojar a los arrendatarios de mayor vulnerabilidad. Otro acierto es la habilitación a las comunidades de vecinos para que puedan decidir limitar o vetar los arrendamientos turísticos en los edificios, algo que ha requerido modificar la Ley de Propiedad Horizontal y que proporciona medios de defensa frente a los serios problemas de convivencia que está provocando en algunas zonas el crecimiento exponencial de este tipo de alquileres.
La ampliación de la duración de los contratos de alquiler introducirá un factor de rigidez en el mercado, lo cual no puede ser una buena noticia. También actuará como elemento desincentivador a la hora de tomar la decisión de poner en arrendamiento un inmueble vacío, algo que difícilmente puede contribuir a alcanzar el fin social de la vivienda que el Gobierno dice proteger. En contraste, el Ejecutivo ha tomado una decisión acertada al optar por no intervenir en los precios del mercado, en contra de lo que pactó en su momento en el acuerdo presupuestario firmado con Unidos Podemos. Pese a que desde el Ministerio de Fomento se ha restado importancia a esta renuncia y se ha dado a entender que la medida podría adoptarse más adelante, de momento –y afortunadamente– el pragmatismo y el sentido común económico parecen haber triunfado sobre el populismo y la realpolitik.