El Gobierno estudia cómo incentivar que los trabajadores retrasen voluntariamente su jubilación

Trabajo rechaza elevar más allá de los 67 años la edad legal de jubilación Granado urge a reformar la pensión de viudedad y la prestación de incapacidad permanente

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha enumerado este viernes en el Congreso de los Diputados, las reformas que, a su entender, debería acometer la Seguridad Social para que, entre otras cosas, sea sostenible en el medio y largo plazo. Entre estas reformas, ha anunciado que el Gobierno está estudiando “formulas” para incentivar que los trabajadores retrasen su jubilación, a ser posible más allá de la edad legal de retiro. Y ha urgido a reformar la pensión de viudedad de los futuros pensionistas y la prestación por la incapacidad permanente.

Granado, -que ha clausurado unas jornadas sobre Las pensiones del futuro II organizadas por Ibercaja y Funcas- no concretó en qué está pensando el Ministerio de Trabajo más allá de que estudia fórmulas “más generosas” para compatibilizar el cobro de la pensión y la permanencia en activo en un puesto de trabajo.

“El sistema español tiene unas reglas de compatibilidad muy duras. Pero cada vez va a ser más fácil tener ocupaciones hasta una edad prolongada. Hay que ir retrasando la salida del mercado de trabajo y buscar reglas de compatibilidad más generosas, porque actividades que requieren esfuerzo físico van a ser cada vez menores; se trata de conseguir que la gente se jubile más tarde”, ha dicho Granado.

Actualmente, los asalariados y los autónomos sin trabajadores, una vez que cumplen la edad de jubilación y siempre y cuando tengan derecho al 100% de la pensión, pueden seguir trabajando y recibir, al mismo tiempo, el sueldo y el 50% de su pensión de jubilación. Solo los autónomos con al menos un asalariado pueden actualmente seguir trabando tras cumplir la edad de jubilación y cobrar el 100% de la pensión.

Aunque el responsable de la Seguridad Social sí ha dado dos pistas: las medidas podrían ir dirigidas especialmente a aquellos tipos de trabajo menos penosos y que permiten estar en activo a edades avanzadas. Y, en segundo lugar, ha aclarado que en ningún caso el Gobierno va a retrasar la actual edad legal de jubilación prevista a los 67 años a partir de 2027. “El esfuerzo de retrasar esta edad ordinaria ya se hizo en 2011”, cuando se aprobó el retraso citado, ha hecho hincapié.

En cuanto a la pensión de viudedad, Granado ha precisado que “se creó en España en un momento en el que las mujeres no trabajaban”. Y se preguntó si “tiene sentido en la España del siglo XXI, en 2018, “que tengamos una pensión configurada como hace 50 años”.

De esta forma, aunque sin decirlo expresamente, el responsable de la Seguridad Social se ha mostrado a favor de establecer algún tipo de limitación o incompatibilidad de rentas para recibir la pensión de viudedad, una idea que está desde hace tiempo en la mesa de negociación de todas las reformas pero que nadie se atreve a sustanciar. Aunque Granado precisó que cualquier reforma de la viudedad debe garantizar “el derecho sustantivo y fundamental de las viudas mayores” y debe centrarse en las nuevas generaciones de españoles cuyas reglas de convivencia son muy diferentes, ha dicho.

De igual forma, “tenemos pensiones de incapacidad muy generosas”. En este caso, su reflexión ha sido que, en lugar de conceder tantas pensiones de incapacidad permanente, habría que pensar “que una pérdida de capacidad a determinada edad se convierta en otra capacidad distinta” y se pueda trabajar en otra cosa. “Igual que se puede recolocar a un trabajador que sufre una enfermedad profesional (…) Hay que reflexionar sobre qué parte de la incapacidad podemos aceptar”, ha precisado Granado.

No obstante, al tiempo que ha hecho todas estas consideraciones sobre la necesidad de retrasar el momento de la jubilación, el responsable de la Seguridad Social ha defendido una medida que prepara el Gobierno en sentido contrario: volver a permitir que los convenios colectivos incluyan la jubilación forzosa una vez que el trabajador cumpla la edad legal de retiro y tenga derecho al 100% de la pensión.

“No se va a obligar a nadie a jubilarse, porque eso no lo puede hacer la ley, solo se va a permitir que si un trabajador tiene los derechos plenos jubilarse su empresa pueda despedirle sin indemnización”, ha explicado. Ha añadido que Edad “cuando se ha quebrado la posibilidad legal de que los convenios fijen esta jubilación forzosa no ha tenido ningún impacto en el sistema”.

Por su parte, en el marco de estas jornadas, representantes del PSOE, PP, Ciudadanos y PdeCAT se mostraron convencidos de que “habrá acuerdo” para recomendar al Gobierno una reforma de pensiones. Y este consenso podría llegar en la primera mitad de 2019, han aventurado.