Una regulación hipotecaria para recuperar seguridad y confianza
La futura ley refuerza la protección del deudor y reparte más el riesgo
El Congreso tramita por fin los últimos flecos de la nueva Ley Hipotecaria, una norma cuyo objetivo es trasponer la directiva que regula los contratos de crédito inmobiliario en toda Europa y en la que España acumula ya más de dos años de retraso. La mayoría de los partidos que participan en la ponencia del texto, con la excepción de Podemos, alcanzaron ayer un acuerdo que incluye como novedad el aumento del límite de impagos necesarios para ejecutar las hipotecas, paso previo para declarar cualquier posible embargo o desahucio. La medida, que refuerza la protección del deudor y reparte el riesgo de una forma más equitativa, viene a dar respuesta a un problema –el de los desalojos de viviendas– especialmente grave y conflictivo desde la irrupción de la crisis económica. La norma elevará a 12 mensualidades impagadas o al 3% del capital, en la primera mitad de la vida del préstamo, o a 15 cuotas y el 7% en la segunda mitad, el listón por debajo del cual no podrá iniciarse un proceso de desahucio.
Aunque todavía resta la aprobación por los plenos de ambas Cámaras, hay razones poderosas para celebrar que se haya logrado consensuar una norma que constituye uno de los grandes pilares del tráfico mercantil y financiero. La más inmediata es la necesidad de frenar la imposición a España de una multa acumulativa –que suma ya más de 90 millones de euros– por un retraso difícilmente justificable en la trasposición de la directiva europea. A ello se suma la urgencia de cerrar cuanto antes, y hacerlo sin fisuras, la crisis abierta por el conflicto del pago del impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) en las hipotecas, un problema que el Gobierno resolvió por trámite de urgencia a través de un decreto, pero que adquiere rango de ley con la aprobación de esta norma. Aunque el texto confirma la atribución al banco del pago del tributo, junto a otros gastos en la constitución del préstamo, el valor de esta medida está más en su capacidad de restaurar plenamente la seguridad jurídica en torno a esta cuestión que en ser una ventaja real para el cliente bancario, que muy probablemente acusará el cambio a través de un encarecimiento del préstamo. Pese a todo, la nueva regulación hipotecaria recoge una batería de medidas de salvaguarda, transparencia y protección al consumidor que supone un paso adelante para combatir posibles abusos o irregularidades. Será también un instrumento para reducir la litigiosidad mercantil, que en España ha crecido exponencialmente, pero sobre todo para avanzar en la recuperación de la confianza en las relaciones contractuales entre la banca y sus clientes, una de las cicatrices que ha dejado la crisis.