Turno de oficio: el parón en los pagos dispara la tensión entre la abogacía y Justicia

El ministerio alegó problemas con el convenio de letrados de Gürtel Los colegios mantienen su exigencia de subir los baremos

Togas colgadas en la fachada del Colegio de Abogados, en la calle de Serrano en Madrid.SAMUEL SÁNCHEZ

La suspensión del pago a los abogados de turno de oficio durante tres meses no ha sido solo un capítulo más dentro del conflicto entre el Ministerio de Justicia y la abogacía institucional. Las relaciones entre el departamento que dirige Dolores Delgado y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y los colegios se encuentran en su punto más delicado. Tanto es así, que hace unos días el decano madrileño, José María Alonso, trasladó públicamente la “indignación” de los letrados con el ministerio. Afirmación que contó con el aplauso de la presidenta del CGAE, Victoria Ortega, que se encontraba entre los asistentes al acto.

El actual clima de tensión tiene su origen en el convenio suscrito en 2016 entre el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y el Ministerio de Justicia (por entonces, con Rafael Catalá al frente) para hacer frente a los pagos de los abogados de oficio de la macrocausa del caso Gürtel. Entre otras cosas, el acuerdo fijaba una retribución global de 570.000 euros para los 19 letrados del proceso seleccionados del servicio de justicia gratuita.

Al ver que la causa se prolongaba más de lo esperado, ambas instituciones iniciaron conversaciones en 2017 y 2018 para adaptar las condiciones de los abogados del turno de oficio del proceso. El nuevo pacto incluía una retribución adicional de 590.000 euros, más del doble de lo acordado inicialmente. No obstante, como explica Ortega a este diario, “no se llegó a suscribir un anexo al convenio de 2016”.

Con la designación de Delgado al frente de Justicia, en junio de este año, la nueva gerencia del ministerio, al ver que esa cuantía extra no estaba determinada en el convenio de 2016, reclamó al CGAE (intermediario entre Justicia y los colegios en lo referido a las retribuciones) que lo devolviera. Además, en virtud de la Ley General de Subvenciones, resolvió dejar de abonar las retribuciones a todos los abogados de oficio que financia el ministerio hasta que no se resolviera el asunto.

Esta decisión supuso un retraso del sueldo de tres meses de los letrados de las comunidades dependientes del ministerio y de los que prestan servicios en la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. En total, unos 22.000 profesionales.

Tras varias quejas de diferentes colegios y varias jornadas de huelga, el CGAE abonó finalmente la cantidad exigida y el ministerio hizo lo propio con los abogados de oficio.

No obstante, esto no ha terminado con las tensiones, tal y como ha puesto de manifiesto la queja pública expresada por Alonso, quien, a pesar del fin del bloqueo, ha anunciado que “se van a ejercer todas las acciones legales pertinentes contra el Ministerio de Justicia para que restituya la cantidad al Consejo”.

Mayor compensación

Esta es una batalla más dentro de la guerra que la abogacía libra para lograr la mejora de las condiciones de los letrados del turno de oficio. El principal conflicto, no obstante, siguen siendo las retribuciones económicas que reciben los abogados.

Como ilustra Ortega, “aunque los ciudadanos reconocen el compromiso de los profesionales de la abogacía, los poderes públicos no asumen ese reconocimiento de forma adecuada”. Por su parte, Alonso denuncia que, solo en Madrid, “hay 6.000 compañeros que se dejan la vida por los ciudadanos y a los que se les pagan cantidades por las que se nos debería caer la cara de vergüenza”.

Hace unos días, el ministerio anunció una subida del 24% de los baremos de compensación del turno de oficio, lo que supone el primer aumento en 15 años. “Se trata de un hito histórico”, asegura Maria Eugènia Gay, decana del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB). Sin embargo, y aunque atiende las reiteradas reivindicaciones que se han hecho en este aspecto, “no ha de suponer un freno a negociaciones futuras de mejora”, matiza.

En este sentido, Gay propone modificar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para establecer intereses en caso de retraso en el pago de retribuciones. Además, sostiene que Justicia debe “seguir teniendo en cuenta la opinión de la abogacía y reforzar la colaboración con los colegios”.

Por su parte, Ortega aboga por regular los macrojuicios. “No es aceptable que se repita esta situación. Este servicio que vocacionalmente asume la abogacía debe ser objeto del debido reconocimiento y respeto”, concluye.