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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Un modelo equitativo y sostenible de conservación de las autovías

La cuestión es quién debe costear el mantenimiento: si el que las usa o todos los contribuyentes

CINCO DÍAS

La reversión al Estado de aquellas vías de alta capacidad cuyas concesiones vencen en los próximos años –en algún caso, como el de la AP-1, el plazo es de menos de un mes– ha reabierto el debate sobre cómo afrontar la conservación de esas carreteras una vez finalizados los contratos. Aunque uno de los anuncios de Pedro Sánchez a su llegada al Gobierno fue la eliminación de los peajes en todas las autopistas una vez que venciesen los contratos concesionales y pasasen a manos del Estado, la cuestión es cómo financiar el mantenimiento, una factura que amenaza con caer como una losa sobre las arcas públicas. El pasado jueves, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, rompió una lanza en favor de implantar un modelo de pago por uso para mantener no solo las autopistas cuyas concesiones están llegando a su fin, sino toda la red española de carreteras de alta capacidad, que actualmente es gratuita. Ni el problema ni el debate son nuevos, ni faltan fórmulas en el entorno europeo que permitan buscar una solución razonable, cuestión aparte es que esta pueda resultar poco popular.

España cuenta con la red de vías de alta capacidad más amplia de Europa, con más de 15.000 kilómetros, un 80% de las cuales son gratuitas. La propuesta planteada por Fomento pasa por unificar su modelo de financiación a través del pago por uso –con una fórmula de peaje blando o similar– para costear la conservación de la red de forma uniforme en todo el territorio y acabar con agravios comparativos entre unas y otras regiones.

A medida que aumentan los kilómetros de autovías gratuitas en España, la factura de mantenimiento de esa red crece también. Se trata de un coste que no solo es insostenible para una economía que tiene dificultades para ajustarse a sus objetivos de déficit, sino que constituye una excepción en el entorno europeo. Al final, la cuestión pasa por decidir quién debe costear el mantenimiento de las carreteras: si aquel que las usa cada vez que lo hace o todos los contribuyentes por igual.

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