Una solución para las hipotecas con más rédito político que eficacia real

El sector financiero repercutirá muy probablemente el coste del impuesto de AJD en los préstamos para la vivienda

El decreto ley que aprobará hoy el Gobierno para atribuir a la banca el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en los contratos hipotecarios pone punto y final a un conflicto que ha involucrado a los tres poderes del Estado y de cuya desacertada gestión deberían sacarse lecciones para el futuro. La norma que anunció ayer Pedro Sánchez corregirá, por vía ejecutiva, la decisión del Tribunal Supremo de atribuir el pago del impuesto al cliente, en una sentencia que confirma una doctrina mantenida durante dos décadas por organismos judiciales y administrativos, pero modificada hace tres semanas por una sala de este tribunal. La decisión final del Supremo ha sido recibida por los consumidores con lógico rechazo y decepción, solo suavizados por la decisión del Gobierno de cambiar la norma.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha manejado la crisis con rapidez y habilidad, al anunciar el cambio regulatorio solo un día después de la decisión del Supremo. A este, por el contrario, le han faltado ambas cosas para resolver un problema complejo, relacionado con una mala técnica legislativa, pero fruto también de una desafortunada gestión del propio tribunal. Pese a ello, la solución del Gobierno tendrá bastante más rédito político que efectividad real, puesto que muy probablemente el sector financiero repercutirá en los préstamos hipotecarios este nuevo coste, que recaerá igualmente sobre el cliente. Puede que esta no sea una decisión popular, pero se trata de una opción legítima en un marco de gestión de costes y rentabilidades similar a la realizada por cualquier otra industria en una economía de mercado. Tampoco parece razonable cuestionar la independencia del poder judicial frente a la banca, cuando esta acumula ya varias sentencias en su contra por abusos y malas prácticas con facturas millonarias. No ha sido la independencia, sino la agilidad y la eficacia, lo que ha faltado al gestionar este conflicto, que ha amenazado una seguridad jurídica que es fundamental preservar.

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