El pleno del Supremo continuará hoy su discusión sobre el impuesto hipotecario

Participan 28 magistrados de los que componen la Sala de lo Contencioso-Administrativo La deliberación se retomará el martes a las 10.00 de la mañana

Las ocho horas que ha durado este lunes la deliberación del Pleno de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, para tratar de clarificar quién debe pagar el impuesto de las hipotecas, no bastaron para consensuar un veredicto. Pasadas las siete y media de la tarde, los magistrados decidieron suspender la reunión, iniciada a las 9:00 horas, para retomar el debate este martes a partir de las 10:00 de la mañana, según fuentes del alto tribunal.

La prórroga mantiene en vilo a bancos, consumidores y administraciones autonómicas a falta de clarificar quién correrá con el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) a partir de ahora. El monto, que venían asumiendo los clientes, supone el grueso de los gastos de constitución de los créditos, unos 2.000 euros de media. La posibilidad de que las haciendas regionales que lo cobran tengan que devolverlo, o que sea la banca quien pase a abonarlo en lugar de los consumidores, pone en juego unos 16.500 millones de euros, según la agencia de calificación de riesgos Moody´s.

La cita de este lunes fue convocada después de que la Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo, especializada en materia fiscal, cambiara la jurisprudencia existente a mediados de octubre asignando a la banca el pago del tributo en tres sentencias firmes. El Supremo decidió convocar un Pleno para aclarar su doctrina.

Aunque el Pleno debía reunir reunir a 31 magistrados, finalmente fueron 28 los que deliberaron (24 hombres y cuatro mujeres). Rafael Fernández Valverde, se encontraba de viaje; Segundo Menéndez, miembro de la Junta Electoral Central, se ocupaba este lunes de asuntos relacionados con las elecciones autonómicas de Andalucía; y el tercer ausente, Octavio Herrero, reside en Rivas (Madrid) y tiene dos hijos con vivienda de protección en dicho municipio, materia directa de los recursos  estudiados, lo que le llevó a apartarse.

Los magistrados dedicaron la mañana a debatir cuestiones formales, aceptando finalmente que era propicio avocar la decisión al Pleno y rechazando dar por buena la última doctrina sin debatirla, con lo que empezaron a deliberar sobre el fondo de la misma pasadas las 16:30 horas, tras un receso para almorzar. Durante la tarde, intervinieron nueve de los 28 magistrados, recoge Europa Press, con posturas divididas sobre quién debe abonar el impuesto y los posibles efectos retroactivos de la medida. El debate, por tanto, promete alargarse de nuevo durante horas en el día de este martes.

La comisión del Congreso de los Diputados que prepara la reforma hipotecaria preveía tomar la decisión del Supremo para configurar este martes el nuevo reparto de gastos de los préstamos, si bien el aplazamiento de la decisión promete demorar de nuevo la configuración de la norma.

El Gobierno estudia ayudar a las regiones a devolver el tributo

El Gobierno de Pedro Sánchez baraja la posibilidad de articular algún tipo de ayudas dirigidas a las comunidades autónomas en el caso de que la decisión que tome el Tribunal Supremo sobre quién debe pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) de las hipotecas obligue a las haciendas regionales a devolver el dinero cobrado en los últimos años.

Así lo avanzó este lunes el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, aseverando que el Ejecutivo velará porque las comunidades autónomas no sufran problemas de liquidez por esta sentencia. Hasta la fecha, la jurisprudencia del Supremo venía estableciendo que es el cliente quien debe correr con el pago de este impuesto autonómico. Esta interpretación fue rechazada en tres fallos sucesivos durante el mes de octubre, en los que se daba por nulo el reglamento que así lo establece y se fijaba que el pago corresponde a la banca. El cambio de doctrina llevó a convocar el Pleno de este lunes, cuya deliberación se alargará al menos durante hoy. Si finalmente el Supremo confirma la nueva jurisprudencia, las comunidades autónomas podrían verse obligadas a devolver a los particulares el impuesto cobrado (al menos de los últimos cuatro años, en los que aún se puede modificar la declaración de la renta), y tratar de reclamarle el dinero a los bancos.

El sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, estima que está en juego la devolución de 3.631 millones a 1,5 millones de contribuyentes.

“De afectar a la liquidez de las comunidades autónomas, deberemos instrumentar algún tipo de ayuda o cooperación para que esto no les afecte en su tesorería y su situación financiera, ya de por sí delicada”, aseguró este lunes Ábalos, según Servimedia, matizando que “en función de cómo quede tomaremos una decisión u otra”.

Por su parte, el secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, advirtió este lunes que un fallo desfavorable a los consumidores tendrá consecuencias. “Si se confirma que la alta magistratura de este país prefiere defender a la banca que a las familias de España, las familias de España tendrán que salir a la calle y nosotros estaremos apoyando que salgan”, dijo.