El Supremo rechaza la pretensión de la Abogacía de acabar con los juzgados hipotecarios

Rechaza el recurso presentado por el Consejo General de la Abogacía Española

Considera que la “elevadísima litigiosidad” de las cláusulas suelo justifica la especialización de tribunales

Sede del Tribunal Supremo.
Sede del Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo ha avalado este viernes la existencia de los juzgados especializados en materia hipotecaria, comúnmente conocidos como de cláusulas suelo, que el Gobierno anterior creo en junio de 2017 para evitar el colapso del resto del sistema judicial ante la avalancha de pleitos de consumidores contra la banca.

El Supremo, concretamente, ha desestimado el recurso presentado por el Consejo Genera de la Abogacía Española contra la resolución de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, de 25 de mayo de 2017, que puso en marcha estos centros especializados.

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo del Supremo considera justificada la creación de estas sedes por “la notoriedad de las circunstancias subyacentes”. “Ciertamente, la elevadísima litigiosidad que se trata de abordar a través de esta medida, y las circunstancias en que ha surgido, constituyen por sí mismas motivación más que suficiente para la decisión; siendo una vez más cuestión diferente la discrepancia de la parte recurrente sobre su oportunidad o acierto”, reza su fallo.

En España se han creado un total de 54 juzgados especializados en materia hipotecaria, uno por provincia así como por cada una de las principales islas de los territorios insulares. Desde junio de 2017, son los encargados de tramitar todas las causas relacionadas con cláusulas suelo, intereses de demora, hipotecas multidivisa o condiciones e vencimiento anticipado, las que permiten al banco ejecutar el desahucio.

Aunque el resto de juzgados se han visto sustancialmente aliviados de esta carga, las plazas especializadas han acabado anegadas. Han recibido más de 250.000 demandas de las que apenas han resuelto cinco decenas de miles, el 98% de ellas a favor de los consumidores. En algunas comunidades, los juicios se están programando a un año vista lo que ha llevado a sedes como la de Barcelona a dejar de señalar vistas a la espera de digerir su carga.

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