Japón abre la puerta a medio millón de inmigrantes no cualificados
El Gobierno calcula elevar en 500.000 los actuales 1,28 millones de trabajadores extranjeros hasta 2025 La construcción, agricultura, medicina o el cuidado de ancianos son los sectores dónde trabajarán
El Ejecutivo de Japón ha aprobado hoy una normativa que permitirá conceder más permisos de residencia a trabajadores extranjeros poco cualificados, una medida destinada a mitigar la acuciante falta de mano de obra en el país. La reforma legislativa, cuya ratificación parlamentaria está prevista para el próximo mes, supone un giro significativo en la restrictiva política migratoria de la tercera economía mundial.
En Japón había 1,28 millones de trabajadores extranjeros en 2017, lo que representa un 2% de la mano de obra total y el doble que cinco años antes, según datos del Ejecutivo, que no obstante mantienen al archipiélago nipón como una las naciones desarrolladas con menor proporción de empleados foráneos. Esta reforma legislativa permitirá incrementar esa cifra en 500.000 personas para 2025, según estimaciones del Gobierno.
La reforma flexibilizará los requisitos de entrada y de residencia de hasta cinco años para trabajadores extranjeros poco cualificados en hasta catorce sectores con alta escasez laboral, y también dará más facilidades de entrada y permitirá la residencia permanente a empleados de alta cualificación.
La normativa está especialmente dirigida a solucionar la carencia de trabajadores en los sectores de la construcción, la agricultura, los servicios médicos o el cuidado de ancianos y personas dependientes, los más afectados por dicha escasez laboral.
"La escasez de mano de obra comienza a convertirse en un obstáculo importante para el crecimiento económico. Vamos a crear un sistema (migratorio) adecuado", dijo el primer ministro nipón, Shinzo Abe, durante su intervención hoy en un comité parlamentario donde se presentó la normativa.
No obstante, el ministro de Justicia, Takashi Yamashita, señaló que el nuevo sistema no equivale a "aceptar inmigrantes de forma indefinida", ante las críticas de partidos de la oposición, de sindicatos y de sectores conservadores de la sociedad nipona por el posible impacto social y laboral de la reforma.
El Gobierno ha asegurado asimismo que se tomarán las medidas necesarias para "garantizar que se trata igual a los trabajadores extranjeros que a los nacionales", según dijo el ministro portavoz del Ejecutivo, Yoshihide Suga, en rueda de prensa.
Organizaciones humanitarias y expertos también han criticado la nueva normativa al considerar que está hecha a medida de las empresas y de la coyuntura económica, y señalan la ausencia de políticas destinadas a fomentar la integración de los inmigrantes y a permitir su estancia
en el país a largo plazo.
Está previsto que la reforma legislativa sea aprobada de forma definitiva en las dos cámaras que componen el Parlamento nipón antes del próximo 10 de diciembre, y su entrada en vigor tendrá lugar en abril de 2019.