La Fiscalía pide 25 años de prisión por rebelión para Junqueras y la abogacía del Estado, 12 por sedición

El Ministerio Público considera que el proceso estuvo "salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia"

El Servicio Jurídico del Estado aprecia delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia grave

La Fiscalía acusa a los líderes del proceso soberanista catalán de un delito de rebelión y pide 25 años de prisión para el exvicepresidente Oriol Junqueras; 17 años para los Jordis y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; y 16 años para cada uno de los cinco exconsellers presos.

Por su parte, la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, pide 12 años de cárcel para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; 11 años y medio para 5 exconsellers; 10 años para Carme Forcadell; y 8 años para los Jordis, todos ellos por un delito de sedición en un gesto en el que se desmarca de la Fiscalía. A diferencia del ministerio público, la Abogacía considera que los hechos no pueden ser calificados de rebelión al no haberse producido la violencia necesaria para lograr la independencia de Cataluña. 

La Fiscalía, en su escrito de calificaciones provisionales, presentado este viernes ante el Tribunal Supremo,  solicita la pena más alta para Junqueras por considerarle el líder de la rebelión y añade a la petición de prisión 25 años de inhabilitación absoluta. 

Para el exlíder de ANC y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, la Fiscalía pide 17 años de cárcel solo por rebelión y otros 17 de inhabilitación absoluta, la misma pena que solicita para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, por considerarles también "promotores y/o jefes principales". Un escalón por debajo están los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa, para quienes solicita 16 años por rebelión, uno menos que los anteriores por no atribuirles ese papel de jefes de la rebelión, a lo que suma 16 años de inhabilitación absoluta.

A estos cinco exmiembros del Govern, junto a Junqueras, el Ministerio Público les acusa de un delito de rebelión que absorbe la "distracción ilegal de caudales públicos", es decir el delito de malversación.

Oriol Junqueras
Oriol Junqueras AP

Para los otros tres exconsellers -Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila- el Ministerio Público pide 7 años de prisión, 16 años de inhabilitación absoluta y multa de 30.000 euros por un delito de malversación de caudales públicos y otro delito continuado de desobediencia grave cometido por autoridad pública.

Por este último delito, la Fiscalía también pide al Supremo que les imponga un año y 8 meses de inhabilitación para el ejercicio de cargo público.

Para los cinco miembros de la Mesa del Parlament que tramitaron las denominadas "leyes de desconexión" -Lluis Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Josep Joan Nuet- solicita 30.000 euros de multa y un año y ocho meses de inhabilitación para cargo público por un delito continuado de desobediencia grave, misma pena que plantea para la expresidenta de la CUP en la cámara catalana Mireia Boya.

En su escrito, firmado por los cuatro fiscales del caso, el Ministerio Público considera que el proceso secesionista catalán que derivó en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) estuvo "salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia", una palabra que aparece escrita en 14 ocasiones en las 127 páginas del documento.

Los cuatro fiscales señalan que los principales promotores fueron Junqueras, Forcadell y los Jordis "en unión de otros procesados huidos", en alusión al expresident Carles Puigdemont.

Jordi Turull y Josep Rull
Jordi Turull y Josep Rull AFP

El plan que todo ellos urdieron, dice la Fiscalía, tenía como principal objetivo "orillar la aplicación" tanto de la Constitución como del Estatuto de Autonomía para llegar a una independencia "que estuvieron a punto de lograr con los actos delictivos que ejecutaron poniendo así en grave peligro el orden judicial".

Y otorga una "crucial" responsabilidad a los Jordis por llevar a cabo "una movilización popular como instrumento de presión para obligar al Estado a capitular frente al nacimiento de una nueva República".

Abogacía del Estado

Frente a la petición de penas por rebelión de la Fiscalía, la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, ha solicitado 12 años de cárcel para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; 11 años y medio para 5 exconsellers; 10 años para Carme Forcadell; y 8 años para los Jordis, todos ellos por un delito de sedición en un gesto en el que se desmarca de la Fiscalía.

Carme Forcadell
Carme Forcadell AFP

A diferencia del ministerio público, la Abogacía considera que los hechos no pueden ser calificados de rebelión al no haberse producido la violencia necesaria para lograr la independencia de Cataluña. La Abogacía del Estado presentó este viernes sus conclusiones provisionales en la causa que se sigue en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra los principales dirigentes del proceso independentista catalán. 

En su escrito, el Servicio Jurídico del Estado aprecia los delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia grave, pero no el delito de rebelión que sí les atribuye la Fiscalía. Las penas solicitadas para los 18 acusados oscilan entre los 12 años de prisión para el
exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y penas de multa.

En su escrito de conclusiones provisionales, entregado hoy en el Tribunal Supremo, solicita las penas más altas para Junqueras y los cinco exconsellers que se encuentran en prisión dado su estatus de "autoridad" al haber "inducido, sostenido y dirigido la sedición desde su condición de miembros del Gobierno" catalán

El documento consignado por la Abogacía en el Alto Tribunal distingue entre tres tipos de procesados. En primer lugar se encuentran los antiguos miembros del Gobierno de la Generalitat, que jugaron "el papel de adoptar las decisiones ejecutivas necesarias" para realizar el referéndum ilegal del 1 de octubre. 

A seis de ellos -el exvicepresidente Oriol Junqueras, el exconsejero de Interior Joaquim Forn, el de Presidencia Jordi Turull, Raül Romeva (Asuntos Exteriores), Josep Rull (Territorio) y Dolors Bassa (Trabajo)- se les acusa de sedición y malversación.

Ambos delitos se aprecian en concurso medial, es decir, que, según el abogado del Estado, la presunta malversación -el desvío de fondos públicos para fines ilegales- fue el medio necesario para cometer el delito más grave, el de sedición, consistente en alzarse "pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes" o el cumplimiento de "resoluciones administrativas o judiciales". 

"Es una obviedad decir que el proceso descrito (.) es imposible que se realizara sin la realización del correspondiente gasto público. Gastos tales como los relativos a publicidad institucional, organización de la administración electoral, confección del registro de catalanes en el exterior, material electoral, pago de observadores internacionales, aplicaciones informáticas, locales para el recuento, etcétera", relata el escrito.

Junqueras, Forn, Turull, Romeva, Rull y Bassa merecen un castigo más grave por su estatus de "autoridad", al haber "inducido, sostenido y dirigido la sedición desde su condición de miembros del Gobierno".

 

 

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