El pago de impuestos y la oferta de la banca española
Las entidades colaboran en la gestión de los tributos sin cobrar comisiones como ocurre en otros países
En estas últimas semanas, la banca española ha vuelto a ser el centro de un debate jurídico que ha terminado teniendo un perjudicial tinte social que, una vez más, confunde a los consumidores y pone en entredicho el esfuerzo que constantemente realiza el sector para contribuir al crecimiento económico, a la generación de empleo y al bienestar de los ciudadanos. En contra de la percepción de muchos agentes, la banca no es un sector que se rija bajo las premisas de un juego de suma cero en el que lo que gana un jugador lo pierde el contrario. En absoluto. La banca aumenta sus beneficios cuando el resto de los agentes económicos disfrutan de un ciclo expansivo y sostenible enmarcado por unas reglas y comportamientos estables y transparentes.
De hecho, el afán de los bancos españoles por tratar de resolver las necesidades de sus clientes se materializa en múltiples dimensiones. En este momento, a pesar de no haber alcanzado todavía una rentabilidad por encima del coste de capital, los bancos ligados a la Asociación Española de Banca están haciendo un notable esfuerzo por adaptarse a la transformación digital invirtiendo cada año más de 1.700 millones de euros (lo que representa cerca de un 6% del PIB inducido por la actividad operativa de nuestros bancos) con el propósito de seguir aumentando su productividad y de satisfacer las necesidades de unos clientes que, legítimamente, demandan la opción de poder operar con sus entidades financieras a través de cualquier canal en condiciones altamente competitivas.
En este sentido, la mayor eficiencia de la banca en España respecto a otros países de la Unión Europea, unido a un modelo operativo basado en una relación cercana, estable y duradera con sus clientes, ha permitido que los consumidores disfruten de unas comisiones un 58% inferiores al promedio de lo que se cobra en los principales países de la Unión Europea. Es más, en España se ofrecen hasta 115 servicios financieros frente a los 82 que, en promedio, se proponen en la UE, de los cuales, más del 75% se ofrecen de manera gratuita y a través de diferentes canales para mayor comodidad de los clientes.
De ellos, en línea con la inesperada sentencia del Tribunal Supremo sobre la determinación del sujeto pasivo de actos jurídicos documentados, destaca el rol que juegan los bancos en la colaboración que prestan de forma gratuita en la gestión de tributos por la obligación a la que el sector está sometido por parte de la Administración fiscal. Un servicio que contribuye a facilitar el pago de impuestos de los ciudadanos y del que también se beneficia Hacienda, pues traslada parte de los costes de la gestión de cobro a los bancos.
Un servicio que la banca española ofrece sin comisiones para el cliente a pesar del coste tan elevado que supone para las entidades en tecnología y adaptación de la normativa fiscal. En el resto de la UE, este servicio solo es ofrecido por la banca italiana y la portuguesa a cambio de una considerable comisión que cobra a sus clientes sea cual sea el canal que utilicen para el pago de impuestos.
Los españoles tenemos el privilegio de convivir con un sector bancario ejemplar que ha sabido sobreponerse a las adversidades de la pasada crisis económica, que contribuye al crecimiento económico y que se esfuerza por sí mismo, al tiempo que cumple con la exigente regulación europea para generar un marco de confianza y transparencia en beneficio de los consumidores, por lo que, en este momento, no debería ponerse en riesgo con propuestas desestabilizadoras.
Los ciudadanos tenemos el derecho a ser exigentes y las instituciones deben promover, como ya ocurre en nuestro país, que la banca española esté representada por una amplia diversidad de modelos de negocios en el que cualquier cliente se sienta respaldado por uno de los grandes bancos multinacionales, entidades regionales, cooperativas, bancos de nicho o nativos digitales, con diferentes estrategias, especialidades y localizaciones, que permita mantener una industria financiera competitiva y una amplia oferta de productos y servicios en beneficio del consumidor.
Mantener y fortalecer estas líneas de actuación es la mejor manera de asegurar que la constante evolución del sistema financiero se traduce en un sector bancario sólido y efectivo.
Por el contrario, el aumento de la inseguridad jurídica y la falta de unas reglas claras e impredecibles en el ámbito crediticio perjudica a todos los actores comprometidos por su incidencia sobre las expectativas, pone en riesgo un modelo que ha sido ejemplar por décadas y vuelve a cuestionar la confianza de un sector que ha facilitado el acceso a una vivienda en propiedad a más del 80% de los hogares españoles.
En definitiva, es fundamental que se preserve la seguridad jurídica y que el sector bancario vuelva a operar con estabilidad y transparencia, para lo que será necesario mirar hacia adelante y dejar atrás cualquier interpretación o propuesta que distorsione el pasado.
Juan Carlos Delrieu es Director de estrategia y análisis económico de la AEB