Justicia pretende sancionar a los bancos que pleiteen para no devolver cualquier cláusula abusiva

La ministra Delgado asegura que castigará a las entidades que incurran en maniobras disuasorias, si se prueba su mala fe

La iniciativa del Gobierno cuenta con el apoyo de las comunidades autónomas

Justicia pretende sancionar a los bancos que pleiteen para no devolver cualquier cláusula abusiva
EFE

Nuevo varapalo para la banca, que ayer volvió a sentirse acorralada, o ese era su sensación. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, anunció ayer por sorpresa que su departamento, junto a las comunicades autónomas, habían “dado el paso” para solventar el colapso de los juzgados de las cláusulas suelo, sobre todo en las grandes ciudades, ya que en las pequeñas estos juzgados están prácticamente sin actividad.

El objetivo, ya debatido por Podemos en la legislatura de Mariano Rajoy, es imponer medidas sancionadoras a los bancos que acudan a la vía judicial con el fin de dilatar las devoluciones a los clientes. Este proceso dilatador no solo colapsa los juzgados, según apuntan fuentes jurídicas, “sino que al final provoca que muchos usuarios bancarios renuncien a seguir pleiteando por las cláusulas abusivas, ya que los bancos se pueden permitir litigar durante años. Además, pueden encargar informes que el suscriptor de las cláusulas suelo no puede costearse”.

Durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso, Delgado, que mostró su compromiso por fomentar las reclamaciones extrajudiciales, destacó la importancia de esta “medida preventiva”, en la que ya se está trabajando y que castigaría a las entidades que incurran en esta maniobra disuasoria, una vez quede probada su mala fe.

Fuentes de Justicia explican que solo en un año se han presentado a los juzgados 250.000 causas relativas a cláusulas abusivas, que ya han comenzado también a descender a las audiencias provincilales, con el consiguiente peligro también de colapso.

La iniciativa explicada por Delgado ya fue discutida hace tres semanas en la comisión interministerial en la que se sientan también las comunidades autónomas, y aunque este no fue el punto principal del orden del día, la preocupación de las distintas autonomías por el colapso judicial por las cláusulas suelo derivó en que la reunión se centrase en buscar soluciones a estas peticiones.

La iniciativa, que se incluirá en un cambio de dos normas actuales, no solo hará referencia a las cláusulas suelo, sino que se incluirán todas las cláusulas abusivas para el consumidor, con lo que se pretende agilizar las soluciones para el usuario bancario.

Los cambios afectarán al Real Decreto Ley 1/2017 de 20 de enero de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, cuyo ámbito se ampliará ahora a otras cláusulas de productos financieros.

También modificará la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En su intervención la ministra reprochó al anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy por impulsar una decisión, la de habilitar sedes uniprovinciales especializadas en litigios hipotecarios, “que no fue debidamente evaluada” y que ha desencadenado una “avalancha” de demandas, informa Efe. “Se dio café para todo el mundo sin estudiar las diferencias entre los territorios”, lamentó la ministra, que apuntó la puesta en marcha de refuerzos tanto a nivel de jueces con la incorporación de 150 magistrados, como de los 120 nuevos letrados de la Administración.

Una estrategia de carácter “paliativo” con el que se persigue, dijo, reducir los tiempos de respuesta en expedientes relacionados con cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, hipotecas multidivisas y gastos de formalización de una hipoteca.

La diputada de ERC, Carolina Telechea, afeó al Consejo General del Poder Judicial por estar “más preocupado en los lazos amarillos” que en el fracaso de dicho sistema.

En este sentido, anunció que su grupo parlamentario presentará una proposición de ley para “judicializar menos y establecer medidas alternativas que ayuden a los ciudadanos”. Estas sedes comenzaron a funcionar en junio de 2017, cuando entró en vigor el plan de urgencia aprobado por el CGPJ ante el previsible aumento de demandas después de que meses antes el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) reconociera la retroactividad para que los afectados por las cláusulas suelo abusivas recuperaran lo abonado de más desde el inicio de la contratación.

Fuentes políticas aseguran que la iniciativa de Justicia no está vinculada a la polémica sentencia del Tribunal Supremo sobre quién debe pagar el impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD), y que ahora se encuentra paralizada hasta el próximo día 5 de noviembre, fecha en la que los magistrados volverán a reunirse para definir sus criterios sobre este fallo, y que obligaría ahora a la banca a hacerse cargo del coste de los IAJD.

Pese a ello, señalan las mismas fuentes, consideran que se ha creado caldo de cultivo para que los distintos grupos políticos apoyen los cambios legislativos propuestos ahora por Justicia. De momento, parece que cuentan con el apoyo de Podemos

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