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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Si toda morosidad es inaceptable, la de la Administración lo es todavía más

La legislación ha demostrado su incapacidad para atajar el problema en el sector público y privado

CINCO DÍAS

Hay un viejo adagio que acusa al que hace la ley de hacer también la trampa. En el caso de la morosidad en el sector público, si no la trampa, al menos el incumplimiento es un hecho casi cotidiano en buena parte de los organismos. Tanto la Administración central como la autonómica y la local infringen de forma generalizada el periodo máximo para abonar sus deudas –30 días– que impone la ley de Morosidad. Los últimos datos señalan que el Estado central abona de media sus facturas a los 50 días y que en agosto de este año todavía tenía pendientes 650 millones de euros sin pagar. Los retrasos son especialmente graves en las corporaciones locales, que superan los 60 días de media, con tristes récords como el del Ayuntamiento de Jaén, cuyos proveedores deben esperar más de 500 para cobrar. Mientras existen comunidades autónomas que pagan casi con puntualidad (13 días en Galicia), otras lo hacen por encima de los 50, como Extremadura. Los proveedores saben que la cosa pública paga y que paga bien, pero también que lo hace cuando quiere y con independencia de lo que exige la ley.

La morosidad en la Administración es la guinda de un problema crónico y más amplio que afecta a todo el tráfico mercantil español. La legislación que regula los plazos de pago en España ha demostrado con creces su incapacidad para resolver esa lacra, tanto en el sector privado como en el público. Los retrasos en el abono de facturas y la costumbre de financiarse con cargo a proveedores no constituyen en nuestro país un problema coyuntural propio de épocas de vacas flacas –aunque en estas se acentúe y tenga consecuencias fatales para los eslabones más débiles de la cadena de pagos– sino más bien casi un vicio comercial. Pero si toda morosidad es inaceptable, la de la Administración Pública lo es todavía más. Urge muy probablemente revisar una ley que no funciona, pero urge todavía más dar ejemplo y cumplirla sin demora y con seriedad.

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