El Abogado del Estado, un fichaje codiciado por los grandes bufetes

Sus principales atractivos: el conocimiento de la Administración, su calidad jurídica y su red de contactos

La excedencia les permite cambiar su rumbo profesional, asumir nuevos retos y aspirar a una mejor retribución

El Abogado del Estado, un fichaje codiciado por los grandes bufetes

Lucas Osorio, socio director de la oficina de Hogan Lovells en Madrid, Jaime Velázquez Vioque socio director de Clifford Chance en España o César Albiñana socio director del bufete CMS Albiñana & Suárez de Lezo. Estos son solo tres ejemplos de abogados del Estado al frente de algunos de los más importantes despachos en España. Profesionales que han salido de la Administración Pública con una excedencia, y han desarrollado con éxito su carrera en el mundo de la abogacía de los negocios. Sus trayectorias son una muestra de que este perfil es muy codiciado por las grandes firmas legales. "Desde hace ya muchos años es habitual, tanto en los despachos estrictamente nacionales como en los de corte internacional, contar con uno o más de estos profesionales en las posiciones de Counsel o Socio" apunta Carolina Banegas, directora de Recursos Humanos del despacho Herbert Smith Freehills en España.

Una de las razones que explican este movimiento es que tras aprobar una de las oposiciones jurídicas más duras y competitivas que existen, estos profesionales tienen acreditada una excelencia en conocimientos técnicos, tanto de Derecho público como privado, incomparable. Pero no solo eso, además como señala Joanes Labayen, director de la oficina de San Sebastián de Cuatrecasas y abogado del Estado en excedencia, "los Abogados del Estado combinan una formación jurídica amplia y una experiencia en litigación en diversos órdenes jurisdiccionales, junto a un buen conocimiento de cómo funciona el sector público".

Importante red de contactos

Asimismo, destaca, Javier Moreno, socio de IurisTalent y experto en estrategia y recursos humanos del sector legal, "otro de sus atractivos para las firmas legales es su red de contactos en la Administración a un alto nivel". Algo en lo que coincide Adela García de Tuñón, directora de Recursos Humanos de DLA Piper, que considera que "no es de extrañar que los despachos valoren de forma muy positiva la incorporación a sus equipos de estos profesionales dada su enorme capacidad de trabajo y su buena red de contactos".

En definitiva, los despachos más relevantes del mercado jurídico nacional quieren ser partícipes del reconocimiento y prestigio que ostentan los abogados del Estado. Es por ello, que los miembros de este cuerpo son cada vez son más numerosos en las firmas legales. Un ejemplo destacado es el del bufete Clifford Chance, que a principios del pasado mes de septiembre anunció la incorporación a su plantilla de su ya octavo abogado del Estado, Fernando Izurzu, que hasta julio representaba a España en la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

El trasvase, no obstante, no solo tiene su origen en el interés de los despachos. Una buen número de abogados del Estado, en algún un momento de su carrera, se sienten atraídos por el sector privado y, por ello, muchos solicitan una excedencia. Según datos revelados en la última memoria publicada de la Abogacía del Estado, en 2016 de los 646 abogados del Estado, el 38,08 % de los miembros de este cuerpo estaba en situación de excedencia voluntaria.

De este modo, el abogado del Estado se despoja de cualquier incompatibilidad legal para ejercer en el sector privado y ser fichado normalmente por grandes bufetes, empresas del IBEX 35 y consultoras o auditoras. Con una pequeña excepción, no podrá dedicarse a ningún asunto relativo a aquellos expedientes en los que haya participado directamente. Lógicamente no tiene sentido que ejerza contra la Administración en un mismo tema que ya asumió como defensor de la misma.

Mejor remuneración y nuevos retos

Pero ¿por qué esta predisposición a abandonar la Administración pública e incorporarse al sector privado, y en particular a los bufetes? Muchas veces se alude a la posibilidad de conseguir una retribución mayor a la que se puede aspirar en el sector público. Sin embargo, parece que las motivaciones de estos profesionales en excedencia, van más allá de lo meramente económico.

Tal y como destacan desde Garrigues "para un abogado del Estado, poder trabajar en un despacho es enriquecedor e implica un reto profesional ya que le aporta una visión más amplia del funcionamiento del sector privado y la posibilidad de trabajar en asuntos muy distintos de los que se suelen llevar desde la Administración". Es más, "toda esta experiencia que adquiere en el sector privado puede resultarle de gran utilidad si el abogado del Estado decide volver a ejercer como tal", algo que es frecuente.

La excedencia les da por tanto, la oportunidad de cambiar su rumbo profesional. Como explica Banegas, "el abogado del Estado alcanza muy joven los principales puestos a los que puede aspirar dentro de la carrera administrativa, y el despacho, sobre todo si es internacional, le ofrece la posibilidad de desarrollo de una carrera diferente, con retos distintos y con otros objetivos y metas".

Por su parte, Moreno opina que aunque su incorporación al sector privado en busca de nuevas inquietudes profesionales es totalmente comprensible, sí puede generar "cierta preocupación en la opinión pública", como es que la Administración asegure una dotación pública de plazas de sustitución y de titulares de estos profesionales adecuada a las necesidades del Estado en cada momento. De hecho, en 2016 a pesar de que la suma del porcentaje de abogados del Estado en excedencia y en servicios especiales representaba a casi un 50% del cuerpo, sólo se convocaron 20 plazas.

Joanes Labayen

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Este abogado del Estado en excedencia es socio director de la oficina de San Sebastián de Cuatrecasas. Experto en litigación civil, mercantil y administrativa ejerció como Abogado del Estado-Jefe del Servicio Jurídico del Estado en Guipúzcoa de 2000 a 2011. Actualmente es secretario del Consejo de Administración y miembro del Consejo de Administración de diversas sociedades. En su caso, confiesa que además de sus motivaciones profesionales, la opción personal de vivir en San Sebastián hacia inexistente la posibilidad de variar en los destinos a solicitar, haciendo con ello aún más interesante el salto al sector privado.

José Ignacio Monedero

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Es of-counsel responsable del Departamento de Derecho Público en la oficina de Madrid de DLA Piper y secretario de la Junta de Gobierno del ICAM. Comenzó su carrera profesional en las Abogacías del Estado de Valladolid, Zamora, Salamanca y Segovia. Antes de su incorporación a DLA Piper en 2008 fue secretario del Consejo de Administración de SEIASA del NORDESTE, S.A. lo que compatibilizó con su labor de Abogado del Estado en la que asumió la dirección y coordinación de pleitos civiles y penales del Estado con gran repercusión política, económica y social.

Manuel Pacheco

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Es socio del departamento de Litigación y Arbitraje de Garrigues y pertenece al cuerpo de Abogados del Estado desde 1987, donde ha desarrollado las funciones que van desde la defensa de los intereses públicos ante los tribunales hasta el ámbito consultivo de asesoramiento a la Administración. Sus cargos más recientes antes de su incorporación a Garrigues fueron, abogado del Estado jefe ante la Audiencia Nacional de 2005 a 2007 y ante el Tribunal Supremo desde el 2007. Actualmente forma parte de la Comisión Jurídica del Consejo General de la Abogacía Española.

Eduardo Soler-Tappa

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Es abogado del Estado desde el año 2000 y el socio responsable de Dispute Resolution en el despacho Herbert Smith Freehills en España, donde se incorporó en el año 2010. En la Administración desempeñó, entre otros, el puesto de Abogado del Estado-Jefe adjunto en la Abogacía del Estado de Barcelona y posteriormente el de Abogado del Estado-Jefe en la Secretaría de Estado de Energía. Desde su punto de vista para un profesional altamente cualificado y con inquietud la evolución en el sector privado puede ser exponencial y muy enriquecedora.

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