Los expertos alertan de fuga de inversiones si se modifica el régimen de las socimis

Podemos busca penalizar a estas firmas con sistema fiscal propio

Desde 2013 han canalizado casi 30.000 millones en adquisiciones

Los expertos alertan de fuga de inversiones si se modifica el régimen de las socimis

Las negociaciones entre el Gobierno y Unidos Podemos para pactar los Presupuestos Generales del Estado de 2019 con mayor gasto social han puesto encima de la mesa un buen número de propuestas para incrementar la recaudación fiscal. Entre ellas el partido dirigido por Pablo Iglesias ha planteado modificar la tributación de las socimi.

“Consideramos necesario revertir el régimen especial de las socimis, cuya principal novedad consiste en un gravamen del 0% para el impuesto de sociedades. Es necesario revertir la política del Gobierno, basada en forzar la regulación impositiva para crear un paraíso fiscal para empresas que fomentan una nueva burbuja inmobiliaria”, asegura la formación morada en uno de sus documentos de trabajo, en el que ven necesario desincentivar al promoción de este tipo de empresas que “fomentan el modelo de burbuja”.

La propuesta de endurecer la fiscalidad sobre estas sociedades ha sembrado la incertidumbre en el sector y los expertos temen la fuga de inversiones en busca de otros países vecinos con mayor seguridad jurídica.

Los expertos consultados niegan que las socimis no tributen y recuerdan que están obligadas a repartir al menos un 80% de su beneficio vía dividendo al accionista, que es quien tributa a través del IRPF –con un mínimo del 19% y un máximo del 23%–. En el caso de que los accionistas sean extranjeros existen los convenios de doble imposición. El régimen fiscal de las sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimis) fue impulsado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009 y reformado por Hacienda en 2013, fecha a partir de la que se ha vivido un boom de inversiones a través de estos instrumentos. Son empresas propietarias dedicadas al alquiler de hoteles, oficinas, locales comerciales, naves logísticas y, en menor medida por ahora, viviendas.

“El Gobierno no plantea nada. Es una petición de Podemos. El Gobierno socialista tiene un equipo económico y lo que sabemos de las conversaciones que hemos tenido es que ni ha estado ni está en su programa ni en sus prioridades atacar este régimen. Son perfectamente conscientes de que las socimis sí pagan impuestos”, recordó ayer Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin, la mayor socimi española, en el Foro Inmobiliario de Europa Press.

Este directivo del Ibex recordó que el Gobierno es “perfectamente consciente” de que hay un tipo de inversor en las socimis que coincide con el de renta fija pública. “Le metes un palo por un lado y luego le llamas para que vaya a subastas de deuda pública. O cuando arruines el ciclo le vuelves a llamar para no tener que depender, como ha ocurrido con Portugal, de los fondos oportunistas”, añadió. “Las socimis han traído 20.000 millones de euros de capital a los que se suma otros 20.000 millones de deuda. Por lo tanto, han movido 40.000 millones de activos que estaban muertos en el sistema”, apuntó. Solo las cuatro mayores (Merlin, Colonial, Hispania y Lar España) ya controlan activos por 27.336 millones.

Antonio Sánchez Recio, socio responsable de inmobiliario en PwC Tax & Legal Services, recuerda que hay muchos inversores que han decidido invertir en España porque existen estos vehículos y reconoce que un cambio en su fiscalidad “podría provocar una pérdida de inversiones”. Otras fuentes añaden que supondría una “huida hacía otros países vecinos con fiscalidad similar a la actual” y alertan de que Portugal está avanzando ya en la creación de una normativa sobre socimis, conocidas como internacionalmente como reits.

“El incentivo fiscal está siendo eficaz en la consecución de su ánimo dinamizador y se espera un desenlace positivo sobre el mantenimiento del régimen”, apunta David Carro, director general de DCM Asesores.

Los expertos consultados rechazan también la reforma de este vehículo sirva para frenar el alza de los precios de alquiler. “No hay evidencia palpable de que esta medida tenga efecto en el precio de los arrendamientos”, aseguran. Lo cierto es que los grandes inversores —entre los que estarían las socimis, los fondos de inversión y los servicers—, controlan solo entre el 2% y el 4% del parque de pisos en alquiler, según datos de mercado.

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