Cambio político, profesionalidad y eficiencia en la función pública
Los cuerpos superiores del Estado quieren una regulación que blinde sus carreras profesionales del humor político
España es, junto a Turquía o Chile, de los países de la OCDE en los que mayor es el grado de rotación de los altos cargos de la administración pública cuando se producen cambios de Gobierno. Amparados en una supuesta naturaleza de cargos de confianza que moviliza a cerca de medio millar de altos cargos cada cambio de guardia política, se han convertido en la inmensa mayoría de los casos en la auténtica correa de tranmisión de los componentes más ideológicos de las decisiones ministeriales, pero con merma de las expectativas en la carrera profesional de los funcionarios, y en muchos casos con perjuicio para el buen desempeño de la función pública. El reciente relevo masivo de altos cargos tras la llegada sorpresiva al Gobierno de Pedro Sánchez ha resucitado una añeja reivindicación de los cuerpos superiores del Estado, que pretenden blindar sus carreras para garantizar continuidad en la administarción pública y limitar en la medida de lo posible la politización innecesaria de las instituciones.
Este fenómeno se replica en España cada vez que cambia el signo del Gobierno porque así se ha instalado en la manera de funcionar: es parte de la cultura política, entre otras cuestiones porque no hay ningún instrumento legal que protega a los funcionarios de tales bandazos en la gestión y en sus designaciones. Pero no estaría de más establecer normativamente a partir de qué nivel del funcionariado es posible el recambio continuo sin otro criterio que el cambio de Ejecutivo. La Federación de Cuerpos Superiores del Estado quiere que los directores generales estén al margen de tales arbitrariedades, y que si se producen relevos en tales responsabilidades se hagan con calendarios cerrados ajenos al capricho de las legislaturas políticas, y siempre con mandatos de más larga duración.
Este tipo de fórmulas, junto con regulaciones adicionales que incentiven la carrera profesional en la función pública, eviten la atracción excesiva por parte del sector privado y tasen los límites de las incompatibilidades, pueden ayudar a una mayor profesionalización de la función pública en los niveles más ejecutivos, y que proporcionen continuidad, profesionalidad y eficiencia en el desempeño de los servicios.