Los altos funcionarios piden un blindaje estatutario ante los cambios de Gobierno
España es de los países con mayor rotación de cargos ante los relevos en el Ejecutivo Los afectados piden mandatos de cinco años
Los cambios de Gobierno en España conllevan el relevo de centenares de cargos públicos de las distintas administraciones que son automáticamente sustituidos por los nuevos responsables políticos. Hartos de esta situación, que consideran ineficaz para el correcto funcionamiento de la maquinaria del Estado, los altos funcionarios reclaman ahora un blindaje estatutario que proteja su labor de los cambios de partido al frente del Ejecutivo.
La tendencia al relevo masivo de personal es especialmente grave en España, denuncian desde la Federación de Cuerpos Superiores del Estado (Fedeca). “Todos los Gobiernos, sea cual sea su color político, necesitan de directivos en las administraciones en quien confiar, pero lamentablemente es muy frecuente ver con cada cambio de Gobierno ceses indiscriminados y cambios de responsables de la función pública que no responden a causas objetivas”, aseveran. “España es, junto a Turquía y Chile, el país donde los nuevos Gobiernos realizan más cambios en los altos niveles de la Administración, según la OCDE”, detallan.
El estudio al que se refieren revela que los relevos de Gobierno en España suponen cambiar del 95% al 100% del personal asesor de confianza del ministro, los secretarios y subsecretarios de Estado, y hasta la mitad de los directores generales.
Como solución, Fedeca ha presentado a los distintos partidos políticos una propuesta de estatuto de los altos funcionarios públicos que impondría mandatos de cinco años y la creación de un organismo independiente de selección, basado en la meritocracia que garantice la elección de los mejor preparados. La federación también considera necesario elevar la remuneración de los altos cargos públicos (aunque no especifican cuánto), estableciendo un variable relacionado con el cumplimiento de objetivos, así como regular los plazos de incompatibilidad con la empresa privada para evitar conflictos de interés sin ahogar su carrera profesional.
“El objetivo es ayudar a profesionalizar la administración pública”, defendía este lunes ante la prensa Jordi Solé, miembro del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda y presidente de Fedeca, que considera el estatuto “un arma contra el dedazo” que los políticos imponen al acceder a puestos de poder. “Esto forma parte de la regeneración de la vida política de los males que se han puesto de manifiesto en la crisis, no solo económicos, sino morales”, aduce Solé.
Desde Fedeca asumen que el estatuto debería proteger esencialmente a los directores generales de la administración central (que según sus cálculos podrían rondar el medio millar a razón de entre 20 a 40 por cada ministerio), aunque instan a generalizar su fórmula para aplicarla en las comunidades autónomas.
Aunque hace unos meses Fedeca aspiraba a entregar su documento al Gobierno como borrador de un proyecto de ley que regulara el estatuto, la asociación asume que la debilidad política del Ejecutivo actual hace aconsejable ampliar el debate e involucrar a todos los partidos políticos para dar permanencia a la medida.
