Las constructoras reclaman 1.000 millones al Adif por disputas en obras
La empresa pública soporta 557 litigios entre las fases judicial y administrativa Los pleitos con los contratistas exigen provisiones por más de 500 millones
Una menor dependencia del mercado local y la creciente reticencia a negociar sobrecostes en los presupuestos de la obra pública, han hecho que las constructoras y concesionarias no hayan dudado en llevar a Fomento y sus empresas ante la justicia por desacuerdos por más de 6.000 millones. Se trata de liquidaciones de proyectos e interpretación de contratos que se dispararán con el caso de las autopistas radiales. La palma se la lleva Abertis con la demanda de compensaciones por más de 3.400 millones. Pero no es un caso único.
La conflictividad del sector privado con el que siempre fue un cliente mimado viene creciendo exponencialmente desde 2014 y centenares de litigios se amontonan en los tribunales. Es en estos meses cuando comienza a apreciarse cierto relajamiento en el choque.
El verdadero polvorín es Adif, que a su vez es el principal promotor de obra pública del país. La encargada de construir la red de alta velocidad tiene hasta 557 casos abiertos para un volumen de reclamaciones que alcanza, según ha podido saber Cinco Días, los 980 millones de euros.
La conflictividad empieza a tocar techo ante la solución a contratos paralizados y la reanimación de la inversión pública
De esa cifra reconocida por Adif, 660 millones en disputa han llegado a la vía contencioso administrativa y principalmente se dirimen en instancias judiciales regionales. Los otros 320 millones de euros corresponden a reclamaciones que las constructoras han presentado ante la propia Adif (en fase administrativa) y que, de no ser resueltas a favor de los contratistas, tienen visos de terminar también ante los jueces.
Diferencias en las mediciones de las certificaciones; la petición de las revisiones de precio (evolución del coste de determinados materiales esenciales en una obra durante el periodo de ejecución); sobrecostes por ampliaciones de plazo y paralizaciones, y la falta de acuerdo en modificados, son las principales causas de controversia.
Las propias cuentas de la empresa dependiente de Fomento recogen provisiones por casi 540 millones para responder esencialmente por estos conflictos (el resto es por expropiaciones). La suma, según ordena la normativa contable, recoge los casos en que el equipo jurídico de Adif estima unas posibilidades de fallo adverso por encima del 50%.
Escalada
La propia evolución de las provisiones habla de cómo se han disparado los enfrentamientos entre Administración y constructoras, antaño nada habituales: la cifra provisionada era despreciable en 2014; alcanzó los 168 millones en 2015; subió a 262 millones en 2016, y al cierre de 2017 la reserva para atender pleitos por obras llegó a los 504 millones. Fuentes de Adif aseguran que esta evolución presenta una notable desaceleración en su crecimiento en el presente 2018, marcando en la actualidad algo más de 530 millones de euros.
Conflicto en las autopistas
Abertis. La compañía reclama a Fomento 1.767 millones por garantías de tráfico, 836 millones por obras por capitalizar, y 800 millones por agravios por desdoblamientos de carreteras gratuitas. Todo ello está relacionado con las concesiones Acesa y Aumar.
Autopistas radiales. Fomento calcula en la actualidad el impacto en el déficit que tendrá la nacionalización de las nueve autopistas quebradas. Espera que el pago de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) esté por debajo de los 2.000 millones, mientras los acreedores piden más de 3.500.
En todo caso, se trata de cifras que no van contra la cuenta de resultados al tratarse de provisones de inmobilizado por riesgos.
¿Dónde está el origen de la explosión del conflicto entre Adif y sus proveedores? Los pleitos vienen principalmente de 2013, 2014 y 2015, cuando azotaban los efectos de la larga recesión. La empresa extremó medidas de ahorro en la contratación, primando el precio por encima del componente técnico, suprimiendo la revisión de precios y reprogramando actuaciones a través de alargamientos de plazos de ejecución, cuando no se ordenaba la total paralización de las obras.
“Las normas impuestas por Adif a los contratistas motivaron que numerosas obras incurrieran en sobrecostes. Cuando la crisis pegaba fuerte aún en la construcción hubo muchos que fueron a la vía judicial”, explica un directivo del sector.
La citada ralentización en el número de casos se explica por el derrumbe en la licitación en los últimos años y, según interpreta Adif, por la tarea de reconducir obras empantanadas, unas veces por sobrecostes y otras por dificultades técnicas.
También ayuda al entendimiento entre empresas y Administración la pretendida aceleración de la obra pública. Según orden del ministro José Luis Ábalos, en este segundo semestre se licitarán proyectos por más de 5.000 millones. Solo entre julio y septiembre el ministerio de la obra pública asegura haber lanzado concursos por 2.500 millones.
Entre estos indicios de reactivación también resuenan mensajes que gustan al sector privado: Fomento se abre a la colaboración público-privada; los pliegos de obra y de servicios técnicos recogen un mayor peso que en el pasado para las ofertas técnicas; se reactivan contratos de conservación, y se mantienen planes de inversión principalmente en el terreno del ferrocarril.
Al ramillete de grandes constructoras ya no les interesa tanto el recurso a los tribunales pese a ser las principales demandantes: un 80% de los 980 millones bajo reclamación son exigidos por 25 empresas. Las que tienen mayor volumen ante la justicia acumulan casos por más de 70 millones de euros.
Advertencia
Además de estar sometida al control financiero por parte de una entidad privada, las cuentas del Adif son supervisadas por la IGAE. Fue en la auditoría del ejercio 2016 cuando el informe incluyó un párrafo de énfasis acerca del incremento en las provisiones por litigios relacionados con obras. Ya en 2017 el auditor dejó de resaltar esta anomalía al entender que la provisión de algo más de la mitad del volumen bajo reclamación estaba justificada, correctamente recogida y que el repunte de la conflictividad parecía haber tocado techo.
Las relaciones se han recompuesto, pese a que la renovada Ley de Contratos ha restringido aún más los modificados. El anterior presidente de Adif, Juan Bravo, tuvo como una de las prioridades desatascar obras paralizadas por toda España. Una tarea que fue encomendada a Isabel Pardo, entonces jefa del área de Construcción y hoy presidenta del administrador ferroviario. Si tres años atrás había más de 30 tramos de AVE con problemas, las obras avanzan a día de hoy en todas las nuevas líneas.
Nuevos bonos verdes finaciarán el mayor ritmo inversor
El equipo directivo del Adif se prepara para un nuevo salto al mercado de capitales con una emisión de bonos verdes. Será la tercera para la compañía pública, que se convierte en referente en el recurso a este tipo de financiación (Iberdrola lo es en el sector privado), y de nuevo se prevé la captación de unos 600 millones de euros.
La emisión podría lanzarse, en función de las condiciones del mercado, entre finales de este año y primeros de 2019, tal y como ha informado El Español. La otra variable a tener en cuenta es el ritmo de ejecución de las obras y que este precise la elevación del endeudamiento del administrador de la infraestructura ferroviaria.
En cada una de las dos colocaciones anteriores de Adif, en junio de 2017 y el pasado mes de abril, la empresa recolectó 600 millones de euros. La primera, a un plazo de seis años, se saldó con un cupón anual del 0,8%, y por la segunda se paga un 1,25% por ejercicio en los próximos ocho años.
En un principio, la compañía dependiente de Fomento tiene vía libre ante Hacienda. La autorización de endeudamiento marcada en la Ley de Presupuestos de 2018 alcanza los 1.800 millones de euros (2.300 millones en 2017). Esta es la cifra en que puede engordar la deuda neta de Adif, que aún está lejos de llegar a ese límite.
Incluso en el extremo de que la emisión se dejara para 2019 y los Presupuestos fueran prorrogados, Adif contaría con margen. El techo de endeudamiento volvería a ser, en esa situación extrema, de 1.800 millones de euros.
Los bonos verdes, con los que ya respaldan sus proyectos Iberdrola, Repsol o Gas Natural, son títulos de deuda con cupones competitivos que generan capital para proyectos que ofrecen beneficios ambientales o relacionados con el cambio climático. Este tipo de producto atrae la atención de los fondos con políticas de responsabilidad social y relacionadas con la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. En el sector público también han emitido este tipo de bonos finalistas el Ayuntamiento de Barcelona, la Comunidad de Madrid y el ICO.
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