La clase media es la ‘paganini’ de las pensiones
El coste de las sucesivas reformas recaerá sobre las generaciones de entre 1960 y 2000
Tener unas pensiones adecuadas y sostenibles es unos de los principios del Estado de Bienestar y una prioridad en la agenda social, tanto en España como en Europa. Para alcanzar ese fin los gobiernos, ambos, socialistas en 2011 y populares en 2013, sometieron al sistema de reparto a intensas reformas, lo que se tradujo en una bajada de las pensiones. Se sabía que no habría dinero suficiente para pagar a toda la masa de personas que nos jubilaremos en las próximas décadas de la misma forma a como se ha hecho con nuestros mayores hasta ahora. Por esta razón se llevaron a cabo aquellas medidas, cuyo objetivo es ir reduciendo las pensiones de modo que los que se jubilen en 2027 reciban de media un 30% menos que con las normas previas a dichas reformas.
El envejecimiento estructural de la población está acarreando efectos en la economía de primerísima magnitud. Cada cuatro años, España envejece uno. Además, los 24 años de vida que tiene el Pacto de Toledo han servido solo para confirmar que las pensiones públicas continúan sufriendo un fuerte desequilibrio estructural, y las privadas son casi nulas —los que aportan a planes privados, lo hacen a una media de 142 euros al mes—.
Las reformas llevadas a cabo se han centrado básicamente en el primero, público y de reparto, de los tres pilares decretados por una directiva europea en 2009. El segundo, de corte empresarial y basado en la negociación colectiva, apenas se ha tocado. Y el tercero, los planes individuales, se ha ignorado por completo como consecuencia de un fuerte complejo sociopolítico de todos los partidos, que siguen tratando de paliar el problema intrínseco que significa financiar las pensiones mediante un sistema de reparto arcaico que carece de equidad actuarial y transparencia.
Un sistema que tiene un claro pagador: la futura clase media. Así, un informe de 2017 del Banco de España sentenció que el coste del ajuste de aquellas reformas recaerá sobre las generaciones nacidas entre 1960 y 2000 y, en particular, en la de 1990.
Un reciente estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) explica que, en ausencia de más reformas, el déficit de la Seguridad Social a cierre de 2022 será de 16.144 millones de euros. Pero la Airef no ha tenido en cuenta las posteriores cesiones a los pensionistas llevadas a cabo por los populares en primavera; ni las realizadas este verano por los socialistas tras la moción de censura y que, además, han vendido como propias. Unas cesiones que, no nos equivoquemos, pagarán a largo plazo los más jóvenes.
El pacto político en primavera entre PP y PNV para aprobar los Presupuestos Generales del Estado incluyó una subida de las pensiones en 2018 y 2019 de un 1,6% —muy por encima del 0,25% marcado por la ley—; la ampliación de la base reguladora a las de viudedad del 52% actual, al 56% en 2018 y al 60% en 2019; y el retraso de 2019 a 2023 de la aplicación del factor sostenibilidad. Todo ello supondrá en 2018 un déficit adicional de 1.500 millones y de 1.800 millones en los siguientes.
Así, nos encontramos con unos ingresos de 120.000 millones de euros anuales para cubrir unos gastos de 140.000 millones. Y con un fondo de reserva reducido a 8.085 millones, lejos de los 66.000 millones de euros que llegó a tener. Además, se autorizaron 25.000 millones de crédito del Tesoro a la Seguridad Social para atender los pagos extraordinarios los dos últimos años.
¿Y qué soluciones propugnan ahora los socialistas para esta corta legislatura?. Pues la fácil: una subida de impuestos y destopar las bases máximas. Además de aumentar la presión fiscal a la banca, que se traducirá en un traslado de la misma a la ciudadanía, según dictan los libros de teoría económica.
En una mesa de debate organizada en junio por el Colegio de Mediadores de Madrid tuve la oportunidad de compartir con el exministro Pérez Rubalcaba lo que significarían para la ciudadanía esas medidas. En mi opinión, no tiene sentido que con los impuestos se financie a jubilados de 1.800 euros al mes. Esos fondos deberían ir a combatir las bolsas de pobreza de nuestros mayores sin recursos y a aumentar sus pensiones mínimas.
Por otro lado, no se entendería una subida simultánea de las bases máximas y de las pensiones máximas. Porque no tendría sentido y carecería de justicia que a los que ya reciben una elevada pensión, se les aumentara todavía más sin haber cotizado por esa base máxima que se acaba de subir.
Finalmente ¿quién pagará el pastel?. Como casi siempre, la clase media: con mayores impuestos ahora, y con menores pensiones después. No hay otra solución que relanzar un auténtico debate con verdaderos políticos, hombres de Estado. Por lo que cabe preguntarse, ¿tiene solución?
Luis María Sáez de Jáuregui es director de distribución de AXA España
