Atlantia cae un 4,68% tras iniciar el Gobierno la revocación de las concesiones de Autostrade
La empresa provisiona 500 millones para reconstruir el puente y pagar daños El Gobierno pondrá en marcha un plan de renovación de infraestructuras
Atlantia ha caído un 4,68% en la Bolsa de Milán ante el avance del proceso de retirada de concesiones iniciado por el Gobierno. Su filial Autostrade per l’Italia, operadora del siniestrado puente Morandi en Génova, confirmó a mediodía haber recibido la comunicación oficial de dicho proceso. Tal y como ha explicado la propia empresa, ahora dispone de 15 días para presentar argumentos en su defensa.
“La compañía ha recibido hoy la carta del Ministerio de Infraestructuras y Transporte (MIT) anticipada por la prensa en últimos días”, apuntó la empresa. Autostrade es propiedad al 88% de Atlantia, y es la operadora de 3.000 kilómetros de autovía en el país, la inmensa mayoría de la red operada por el grupo.
El viceprimer ministro, el ultraderechista Mateo Salvini, por su parte, añadió que “no está al corriente” de los planes para redactar un decreto específico para acelerar y facilitar la revocación de las concesiones de Autostrade. “No estoy siguiendo las publicaciones de la prensa, no tengo ni idea así que no voy a responder”, apuntó. El diario La Repubblica publicó el domingo que el Gobierno trabajaba en este tipo de cambio legal, que permitiría retirar las concesiones de Autostrade evitando el largo proceso legal que acompaña a estas decisiones.
La empresa, por su parte, no ha reaccionado a los planes del Gobierno, más allá de dar acuse de recibo de la carta. La semana pasada ya indicó que los procesos de revocación de concesiones implican una indemnización para la empresa y para los inversores (en relación a Autostrade y Atlantia). tampoco quiso comentar estos planes el consejero delegado de Atlantia, Giovanni Castellucci, que compareció públicamente el sábado junto al presidente de Autostrade, Fabio Cerchiai.
Ambos pidieron “perdón” si no han sido capaces de mostrar su solidaridad y duelo por las 43 personas fallecidas en la ciudad. Los directivos anunciaron que se pondrá a disposición un fondo, que como primera cifra será de 500 millones de euros y que estará gestionado por el ayuntamiento de Génova, para indemnizar a aquellas personas que han tenido que ser desalojadas de sus casas. Asimismo, aseguraron que este tramo de la autopista A10, vital para la circulación en el noroeste del país y de la ciudad, podrá ser reconstruido con un nuevo puente en acero en ocho meses.
Tanto Autostrade como Atlantia tienen previsto celebrar sendos consejos de administración esta semana para analizar las consecuencias de la catástrofe del puente de Génova.
Con la caída de ayer, Atlantia pierde el terreno recuperado el viernes, cuando subió un 5,68%. El jueves, primer día completo de cotización tras la tragedia, se desplomó el 22%. Junto a ACS, Atlantia es propietaria de Abertis, concesionaria española de autopistas. S&P afirmó la semana pasada que una caída de varios escalones en la calificación de Atlantia podría afectar a Abertis.
Según Il Sole 24 Ore, el Ejecutivo baraja varias opciones ante el fin de las concesiones: la creación de una nueva empresa, transferir los activos a la gestora pública Anas o usar un administrador especialmente designado para estas autopistas. Además, según L'Espresso, los cables del puente colgante estaban dañados y habían perdido un 20% de su resistencia, algo que conocían tanto la empresa como el ministerio de Transportes, que habían previsto iniciar en octubre las obras para reforzar dichos cables.
El Gobierno también anunció el fin de semana la puesta en marcha de un plan de infraestructuras, según el vicesecretario de gabinete del primer ministro, que incluirá inversiones en autopistas, puentes, viaductos y escuelas. "Será una operación de mantenimiento sin precedentes", afirmó. No concretó el volumen del plan, pero sí añadió que esperaba que la UE fuese "benevolente" con el gasto. Precisamente en estas semanas el Ejecutivo de Conte está negociando con Bruselas el presupuesto del próximo año, en el que chocan los objetivos de déficit con las promesas electorales del Gobierno populista.