Las pensiones necesitan un consenso político urgente para ser sostenibles
Cuando más tiempo trancurra sin buscar un acuerdo entre los grandes partidos, más grande será el problema
El problema número uno de las finanzas públicas son las pensiones, cuyo déficit crónico y creciente impide llevar las cuentas a una situación superavitaria. Todos los partidos nacionales con representación parlamentaria son conscientes del problema, y aunque las medidas a tomar son diferentes a juicio de cada uno de ellos, todos saben que solo habrá un arreglo duradero si es fruto de un pacto que no excluya a nadie. Pero mientras quien gobierna en cada momento reclama consenso al resto, los que ejercen la oposición son reticentes a solventar un problema en el que creen que el mayor esfuerzo, y el mayor desgaste, tiene que ponerlo quien gobierna.
Rajoy ya alertó en 2015 de que el gran asunto de la legislatura de 2016 a 2020 era consolidar las finanzas de la Seguridad Social, pero no logró nada; y ahora el Gobierno actual busca desesperadamente recursos para tapar el hueco financiero que dejan unos ingresos de cerca de 120.000 millones de euros anuales para cubrir unos gastos de cerca de 140.000, pero huye de soluciones estructurales La administración recien estrenada culpa al Ejecutivo saliente de haberse gastado un fondo de reserva de 66.000 millones de euros (solo quedan ya en él 8.085) con la misma vehemencia con que el siguiente acusará a éste de haber generado una monumental deuda para abonar las prestaciones, pues ya ahora se abona el déficit de cerca de 20.000 millones con emisiones de deuda (ya se han autorizado cerca de 25.000 millones de crédito del Tesoro a la Seguridad Social para atender los últimos pagos extraordinarios los dos últimos años). Y entre tanto, la casa sin barrer.
Cuando más tiempo transcurra sin buscar un consenso entre los grandes partidos, más grande será el problema y más severa la solución, que pasa, quiérase o no, por un incremento de los ingresos por cotizaciones, además de otros impuestos, y un recorte de las prestaciones en relación con la renta percibida como activo. No hay ni un solo sistema público de pensiones que remunere tanto el retiro como el español, con un retorno de cerca del 80% sobre el último sueldo como cotizante; pero el vertiginoso enjevecimiento de España, junto con el acceso a la jubilación de cohortes muy numerosas con carreras de cotización muy largas y por cuantías muy generosas, pone en cuestión la sostenibilidad financiera si no se buscan soluciones consistentes con la antelación debida.
PSOE y PP alcanzaron un acuerdo a finales del siglo XX para solucionar el problema entonces y en el futuro; pero los liderazgos actuales parecen ser más un obstáculo que un activo para regenerar consenso, un activo sin el cual las dudas sobre la sostenibilidad del Estado, garante último de las pensiones, volverán a aparecer.