¿Incentivos o clientismo fiscal?

Los estímulos rompen la neutralidad, por eso deberían ser siempre selectivos, coyunturales, justificados y revisables

Personalmente, pienso que estos no inciden casi nunca en la decisión de invertir. En efecto; la empresa necesita un trabajador o no, o, por ejemplo, robotizar su almacén o no. Pero esta necesidad, en sí misma, es independiente de que exista un incentivo. La necesidad de invertir, por tanto, es una cuestión previa al propio incentivo. Cosa distinta es que, una vez decidida la inversión, la modalidad que se elija para ello venga condicionada por motivos fiscales y que la empresa opte, por ejemplo, por formalizar un contrato de leasing en lugar de uno de préstamo. Sea como fuere, el incentivo, en tales casos, incide tan solo en la fase posterior a la de la propia decisión, esto es, en la de su ejecución o elección de la modalidad concreta de contratación por la que la empresa opte. En consecuencia, los incentivos fiscales de esta naturaleza no inciden en la decisión en sí misma, sino en su fase posterior.

Lo mismo ocurre cuando el incentivo está orientado a fomentar determinadas conductas, como el ahorro, la natalidad o la igualdad. La decisión, por ejemplo, sobre engendrar una nueva vida, toma como referencia parámetros muy distintos a los fiscales, como la situación económica de la pareja, su futura estabilidad económica, sus convicciones interiores, etc. Pero nadie adopta tal decisión por el “cheque bebe”. Y si así lo hace, el problema es otro: la inmadurez de quien por tales motivos adopta una decisión tan trascedente. Tener hijos es una decisión de madurez; de educación. Lo mismo hay que decir sobre la decisión de ahorrar o de practicar políticas de igualdad. Ello está en función de nuestra convicción personal; de nuestros valores; de nuestra educación. Cuestión distinta, igual que acontece con el empresario, es pretender incentivar un determinado tipo de ahorro, por ejemplo, los planes de pensiones o los fondos de inversión. Pero en este caso, e insistimos de nuevo, no se promueve el ahorro sino una modalidad en concreto del mismo con beneficio indirecto, además, en favor de quien no es el ahorrador o, si se prefiere, su teórico beneficiario. En estos casos, se está de hecho “orientando” su conducta en detrimento de su libertad de elección.

En otros casos, el incentivo beneficia a personas con niveles más altos de renta en detrimento de otros. Este es el caso, por ejemplo, del incentivo al arrendamiento de viviendas previsto en nuestro IRPF. Se incentiva arrendar viviendas con la finalidad de dinamizar el mercado de alquiler en favor de colectivos concretos. El coste de tal incentivo reduce sin embargo la tributación de quien presuntamente tiene mayor capacidad de pago, como lo demuestra el hecho de ser propietario de un inmueble vacío sin necesidad de arrendarlo. En definitiva; mientras que lo normal sería disuadir de tal conducta con un mayor gravamen, lo que se hace es lo contrario: reducir su tributación.

A lo anterior, hay que añadir tres circunstancias. La primera, que no existe un seguimiento público de la eficacia de los incentivos, esto es, si estos tienen como resultado la finalidad que persiguen, circunstancia que, junto al necesario análisis coste-beneficio, es la que ha de aconsejar su supresión, revisión o mantenimiento. La segunda, que los incentivos rompen la neutralidad y, por tanto, la equidad. De ahí la necesidad de su justificación al beneficiar a quien realiza una determinada conducta en detrimento de quien no lo hace, normalmente, por carecer de recursos y capacidad para ello. Es el caso, por ejemplo, del incentivo en favor del propietario de la vivienda. Y la tercera, que los incentivos minoran la recaudación y, por tanto, su aplicación ha de estar justificada en términos de coste-beneficio en aras al interés general.

Lo anterior no quiere decir que los incentivos se hayan de eliminar, sino que estos han de ser selectivos, coyunturales, justificados y sujetos a revisión periódica.

Sea como fuere, el mejor incentivo es invertir en educación, esto es, en virtudes y valores, que son, en suma, los que permiten decidir con criterio y madurez. Pero claro, este tipo de incentivo carece de retorno político en término de votos. Por eso estoy convencido de que la mayoría de incentivos y ayudas que hoy existen obedecen esencialmente a una política de clientelismo fiscal que nada tiene que ver con la justicia ni con la equidad.

 Antonio Durán-Sindreu Profesor de la UPF y Socio Director de DS

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