Una vuelta de tuerca fiscal que no dañe la competitividad ni el crecimiento

Los sectores empresariales rechazan una subida de impuestos que es necesaria pero debe diseñarse con regla y compás

La intención del Gobierno de acometer una subida de impuestos para aumentar el caudal de las arcas públicas está levantando numerosas ampollas en el ámbito empresarial. Las grandes empresas de telecomunicaciones arremetieron ayer con firmeza contra el sistema de financiación de RTVE, que costean en un 90%, y con lo que consideran un trato fiscal que las castiga respecto a compañías como Netflix, HBO o Netflix, que no participan en la financiación de la televisión pública. Desde el sector se recordó también el agravio que supone para las telecos las ventajas fiscales de que disfrutan las grandes multinacionales de internet y se advirtió del efecto que la presión fiscal puede tener sobre los planes de inversiones de las operadoras. También la patronal CEOE eligió la jornada de ayer para reiterar públicamente su preocupación por una subida de impuestos que podría –advierten– truncar la efectividad del pacto salarial firmado con los sindicatos. La banca se ha unido al clamor contra una estrategia que, en su caso, pasa por un tributo específico cuyo objetivo es costear una parte de la financiación de las pensiones. Pese a que desde Hacienda se insiste en el impacto mínimo de la medida, el sector asegura, con el apoyo del Banco de España, que puede afectar a su solvencia, lastrada ya por la política de tipos del BCE, las exigencias de recapitalización asumidas en los últimos años y el estrechamiento de márgenes que ha experimentado el negocio.

Como en casi todos los debates económicos, en la polémica sobre la necesidad de aumentar los impuestos en la coyuntura actual y sobre los efectos que esa medida puede tener en la actividad es necesario separar el grano de la paja. En primer lugar, es un hecho que España tiene que engrosar los ingresos públicos para hacer frente a las exigencias de consolidación fiscal, la maltrecha financiación de las pensiones y el mantenimiento, en líneas generales, del Estado del bienestar y del gasto social. A nadie se le escapa, sin embargo, que la política fiscal es un instrumento con una incidencia directa en la economía y con capacidad tanto para estimular como para retraer la actividad. Lo recordaba de facto hace unos días el propio Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, en los premios que esta casa concede a la innovación al defender que instaurar un impuesto en este ámbito es un “contrasentido”, una advertencia que está presente, en general, en el discurso de sectores y patronales. Precisamente porque ello es cierto, resulta obligado exigir al Gobierno eficacia, análisis y responsabilidad al diseñar esta nueva vuelta de tuerca a la fiscalidad, de forma que no merme de manera excesiva ni el crecimiento ni la competitividad.

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