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Bienvenida la nueva política económica si llega sin improvisaciones

Una vez pasado el trámite de la aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados de los Presupuestos para 2018, elaborados por el equipo del exministro popular Cristóbal Montoro, el flamante Gobierno socialista se dispone a pilotar la agenda económica con una primera cita de calado, el techo de gasto. Se trata de marcar el tope en que se deben basar las cuentas públicas para 2019, primeras que elaborará el equipo de Sánchez, una cifra que, en condiciones normales de calendario, debería estar aprobada antes del pasado 30 de junio. Es decir, el mes que acaba de comenzar es clave para que el Gobierno pase de la paradoja a sus propios números.

Ese futuro cercano, trascendental para el desempeño de la economía española (única que sigue desde 2009 vigilada por el procedimiento de déficit excesivo), convierte en muy delicadas las decisiones que adopte el Gobierno. Y eso sobre todo porque el nuevo Ejecutivo baraja ya una batería de medidas con las que incrementar los ingresos del Estado hasta en 15.000 millones de euros, en un marco de gigantesco déficit de la Seguridad Social y crecientes necesidades de la financiación de las pensiones por la revalorización conforme al IPC, fruto del acuerdo PP-PNV.

Sánchez fue claro el viernes en Bruselas cuando, al finalizar su primera participación en un Consejo Europeo, declaró que España “necesita abrir un debate sobre la fiscalidad pública”, ya que es necesario recaudar más para tener “un Estado de bienestar de primera”. Resumido: hay que subir impuestos. Nada nuevo bajo el sol en la política que venía anunciando. Otra cosa es cómo se haga.

Bien sea con afán de imprimir un sello propio,
por compromisos adquiridos para ganar la moción de censura o como primeros pasos de la larga campaña electoral que se avecina (comicios municipales, autonómicos y europeos en 2019 y generales, como muy tarde en 2020), el Gabinete de Sánchez baraja ya, entre otras medidas, nuevos impuestos y subidas tributarias, entre ellas a las empresas y a las rentas altas, por valor de 9.000 millones; así como el destope de las cotizaciones máximas a la Seguridad Social, o el consiguiente plan de mejora de la lucha contra el fraude fiscal.

Un gran bocado que de masticarlo mal puede derivar en una mala digestión
para la economía. Es indiscutible que faltan ingresos. Tanto como que el sistema impositivo español requiere una reforma a fondo, basada en la simplificación y que excluya los miles de atajos que lo convierten en injusto para muchos y beneficioso para pocos. Pero el Gobierno errará si, con desprecio a la disciplina fiscal y la mirada puesta en las urnas, se abraza a la improvisación en decisiones que van a ser trascendentes para la economía a largo plazo.

Editorial 'Cinco Días' (2 de julio de 2018)

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