Hacia un marco fiscal municipal más eficiente, homogéneo y racional

En este, como en otros campos, existe un exceso de normas, duplicidades y disparidades regulatorias

Los municipios españoles han logrado atravesar los rigores y desequilibrios de la crisis económica gracias a una recaudación fiscal en la que el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) ha ocupado un lugar estable y destacado. Según un informe elaborado por el REAF, el órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas, este tributo aporta a los ayuntamientos el 28% de todos sus ingresos, lo que explica el papel fundamental que jugó durante los años de la recesión. Entre las conclusiones del estudio, que constituye una readiografía sobre la financiación local en 2018, destaca la importante autonomía financiera que los ingresos vía impuestos aportan a los municipios y el hecho de que la mayor parte de esa tributación siga muy ligada al sector inmobiliario.

Un análisis comparativo de los municipios españoles y su entorno europeo revela que las haciendas locales en España tienen menor dimensión (un 6% del PIB) que la media europea, que está por encima del 11%. Pese a esa diferencia, el peso relativo de los impuestos en la financiación municipal es casi del 55%, bastante por encima de la media de la UE, que apenas supera el 38%. Ello explica que los ayuntamientos españoles estén más saneados que los europeos, que muestren un mayor superavit fiscal y un endeudamiento más bajo, pero también revela que existe margen para reordenar y optimizar los tributos municipales.

En esa reforma hay temas pendientes, como la regulación de la base imponible de la plusvalía municipal, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nulo el impuesto para los casos en los que no existe incremento de valor. El análisis del REAF acierta también al reclamar un marco normativo homogéneo que regule las tasas más comunes y evite diferencias demasiado gravosas entre unos y otros municipios, y al abogar por eliminar las ineficiencias del IAE y avanzar hacia un marco fiscal menos dependiente del sector inmobiliario. La administración local tiene en este, como en otros campos, un exceso de normas, duplicidades y disparidades que perjudican la actividad y es urgente reducir.

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