Compra pública para la innovación
La nueva ley de contratos de la Administración pretende que al menos el 3% de la licitación sea I+D+i
Desde el pasado 9 de marzo, fecha en la que ha entrado en vigor la nueva ley de contratos del sector público, empiezan a percibirse reacciones y comentarios acerca de los efectos positivos que tendrá esta reforma en el tejido empresarial español. En declaraciones del entonces ministro Cristobal Montoro, la nueva ley “es muy positiva en términos de transparencia, control e igualdad de oportunidades en nuestro país”. Persigue objetivos muy ambiciosos de aplicación a todas las administraciones públicas y marcados por las directivas europeas, convirtiendo el gasto de las administraciones en inversión. No olvidemos que estos contratos equivalen a casi un 20% de nuestro PIB cada año y mueven muchísimo negocio.
La nueva ley implica cambios relevantes en la compra pública, como son la simplificación de los procedimientos de adjudicación, la agilización de la contratación y la competencia real entre licitadores, beneficiándose de ello las pymes, con nuevas oportunidades. Además, los contratos en lotes pasan a ser la regla general. Si no se divide en lotes el contrato público, habrá que justificarlo muy bien. El nuevo marco regulador aporta en definitiva, las herramientas necesarias para un modelo de contratación pública más transparente, estratégica e inteligente. Uno de los nuevos procedimientos de calado es la asociación para la innovación, estableciendo medidas de impulso a la I+D+i y al desarrollo sostenible.
En este contexto, es bastante desconocida aún la contratación pública de innovación, denominada Compra Pública innovadora (CPI). Se trata de una actuación administrativa de fomento de la contratación pública con pymes, emprendedores y resto de empresas que realicen una apuesta tecnológica. Es un contrato que la entidad pública pone a concurso, a fin de satisfacer una necesidad no cubierta, mediante una solución innovadora.
Este uso estratégico de la contratación pública para favorecer la innovación, supone una nueva forma de compra por parte de las Administraciones. Hasta ahora se fomentaba la innovación desde la demanda, es decir, las empresas presentaban sus soluciones tecnológicas o no tecnológicas a los compradores públicos y generalmente las de menor precio eran las que se llevaban a cabo. Con la CPI se fomenta que las Administraciones Públicas realicen una compra inteligente, mejorando sus necesidades o servicios a través de la I+D+i, al tiempo que fomentan la innovación empresarial a través de una escucha y consulta activas en lugar de reactivas. La CPI es por tanto una clara oportunidad para crear valor, empleo estable y de calidad, tan necesario en nuestro país.
Uno de los objetivos es precisamente que al menos un 3% de la licitación pública sea innovadora para transformar y diversificar la economía española, basándose cada vez más en el conocimiento. Sanidad, energía, agua y tecnologías de la información son los sectores que pueden verse más favorecidos por la CPI.
Las administradoras públicas podrán adquirir productos y servicios bajo dos modalidades diferentes. La primera es la llamada Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI), que consiste en la adquisición pública de un bien o servicio que no existe en el momento de la compra, pero puede desarrollarse en un periodo de tiempo razonable. La segunda modalidad, más alejada del mercado, es la Compra Pública Precomercial (CPP), una contratación de servicios de I+D en la que el comprador público no se queda con los resultados de la innovación para su propio uso en exclusiva, sino que comparte con las empresas sus riesgos y beneficios, mecanismo necesario para fomentar desde la demanda el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas que finalmente reviertan en la sociedad.
Su impacto en el progreso tecnológico puede ser enorme, pues las empresas podrían hacer una apuesta tecnológica sabiendo de antemano que cuentan con un cliente como es la Administración Pública, reduciendo así el riesgo de la inversión en I+D. Se conseguiría el doble objetivo de que las Administraciones Públicas mejoraran los servicios que prestan al ciudadano a través de la I+D+i, al mismo tiempo que ejercen un efecto tractor de la innovación empresarial, marcando así el futuro de la economía de nuestro país.
Laura Delgado es socia directora de Ayming