Una revisión de las cotizaciones que no dañe la competitividad y el empleo

Cualquier incremento debería plantearse en diálogo con las empresas y sin perder de vista su coste para la economía

El desbloqueo y finalmente la firma del pacto de incremento salarial entre sindicatos y patronal, celebrada el pasado lunes, apunta a la apertura de una etapa de relaciones moderadamente fluidas entre los agentes sociales y el nuevo Gobierno. El acuerdo, que recomienda un alza del 2% más un punto adicional ligado a la productividad, así como la fijación de un salario mínimo de 14.000 euros anuales en los convenios, constituye una muestra de la voluntad por parte de empresarios y sindicatos de dar un empujón a los sueldos bajos y de reducir la precariedad salarial. Las patronales CEOE y Cepyme resaltaban ayer su disposición a pactar con los sindicatos cambios legales en la legislación laboral y su confianza de que no tendrán dificultades con el Gobierno de Pedro Sánchez para abordar reformas legales en aspectos como las subcontratas, la lucha contra el absentismo y la economía sumergida.

Sin embargo, los planes del Gobierno van más allá de retoques circunscritos a esas materias y apuntan a cuestiones menos pacíficas. El anuncio sobre una posible eliminación de los topes máximos de cotización ha hecho saltar las alarmas de la patronal, que cifra en 4.500 millones de euros el coste que las empresas soportarán en caso de aprobarse la medida, y anuncia una oposición tajante. La intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez es aumentar los ingresos para financiar el sistema de pensiones, un objetivo para el que plantea no solo eliminar esos topes, sino establecer nuevos impuestos. En ese contexto, y en el de las previsiones de gasto que el Gobierno ha anunciado, no resulta descabellado plantear una revisión al alza de las cotizaciones actuales, aunque no debería llegar hasta el punto de eliminar los topes máximos, más aún cuando en España esas cotizaciones no son bajas. Los empresarios temen, y no sin razón, que la medida suponga una carga excesiva y un riesgo para la competitividad que España ha recuperado en los últimos años a costa de un considerable sacrificio. Precisamente por ello, cualquier retoque en este sentido, debería plantearse en diálogo con las empresas y sin perder de vista la factura que pueda tener para crecimiento y el empleo.