Montero da aire a ayuntamientos y comunidades con la promesa de revisar la regla de gasto
Carmena exige un cambio de criterio que le permita invertir más y avisa que en 2019 ya no será rentable amortizar deuda Hacienda analizará una reclasificación de algunos productos para que tributen por el IVA reducido o superreducido
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dio este miércoles aire a comunidades autónomas y, sobre todo, a los ayuntamientos al comprometerse públicamente a revisar los criterios actuales con los que se fija la regla de gasto. Durante la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso, la titular de Hacienda anunció la formación de un grupo de trabajo en el que estarán también municipios y regiones, que será el encargado de consensuar la mejor manera de calcular la regla de gasto.
Cada año, el Ministerio de Hacienda establece el tope máximo que puede incrementar el gasto cada administración, que para 2018 quedó establecido en el 2,4%, con independencia de cuál sea la situación financiera de cada región o ayuntamiento. Y aunque en los últimos años los ayuntamientos habían hecho valer al entonces ministro Cristóbal Montoro que eran la única administración con superávit presupuestario y solicitaban poder gastar parte de ese excedente en inversiones en lugar de destinar la mayoría a amortizar deuda, lo cierto es que la aplicación de la regla de gasto se había flexibilizado muy poco.
Así, en respuesta a una pregunta del portavoz fiscal de Unidos Podemos, Alberto Garzón, la ministra reconoció: “es obvio que la regla de gasto está llamada a modificarse y a hacer un cálculo más colectivo entre todos los que participamos de ella”. No obstante, insistió en que esta revisión de los criterios deberá realizarse siempre respetando la estabilidad presupuestaria.
Coincidiendo con estas explicaciones de la ministra, el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Jorge García Castaño, anunció ayer que después del cambio político habido en el Gobierno central, van a solicitar una entrevista con la ministra para insistir en lo que ya reclamaron a Montoro. El Ayuntamiento de Madrid, con un superávit de 1.057 millones de euros, demanda al Gobierno central poder destinar una cantidad mayor de la actualmente autorizada a inversiones y gasto social, y no tanto a la amortización de deuda, que en el Consistorio ya no es el problema que llegó a ser en el pasado. De hecho, está por debajo de la ratio considerada como tope razonable del 75% de los ingresos corrientes.
García Castaño reveló que no pretenden destinar todo el excedente a un incremento del gasto, pero sí estimó que en estos momentos por culpa de la estricta aplicación de la regla del gasto y debido a que Madrid debe ajustarse a su Plan Económico Financiero (PEF) existen entre 140 y 200 millones de capacidad de gasto que está congelada. En este sentido, el delegado de Hacienda anunció la elaboración de un estudio para evaluar los costes en los que incurrirá el Ayuntamiento si continúa amortizando anticipadamente deuda al ritmo actual.
Así, a 31 de diciembre de 2017, la deuda pública ascendía a 3.424 millones, un 42% menos que al comienzo de la presente legislatura, cuando rondaba los 6.000 millones. Es más, en 2013 la deuda del Ayuntamiento de Madrid era de 7.036 millones de euros (en 2012 llegó a superar los 7.733 millones).
Como parte de esa deuda fue contratada a tipo fijo y va aparejada a swaps, el delegado explicó que una amortización anticipada puede suponer incremento del gasto a partir de 2019, por lo que no resulta rentable. “Si lo que hay que pagar es más que lo que nos ahorramos en intereses, se convierte en un despropósito económico”, advirtió. Este será otro de los argumentos que utilice la corporación para tratar de convencer a Hacienda de la necesidad de flexibilizar la regla de gasto. Aun así, a finales de este ejercicio está previsto que la deuda pública municipal se sitúe por debajo de los 3.000 millones.
García Castaño insistió en que estos cambios que solicita Madrid, así como la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) no requieren modificaciones legales complejas, por lo que podrían decretarse para su entrada en vigor ya durante este ejercicio y tener así efectos inmediatos.
Por otra parte, la ministra de Hacienda también apuntó que en la hoja de ruta del Gobierno figura analizar la posibilidad de bajar el IVA a los productos culturales, con el objetivo de incentivar su consumo, y a los productos de higiene íntima femenina, "por razones de discriminación". Montero ha señalado que la posible reclasificación de algunos productos y servicios para que tributen con el IVA reducido o superreducido tiene que abordarse "en su totalidad" y no de manera separada.
En ese sentido, ha reconocido que en su "hoja de ruta" figura el estudio de la capacidad de aplicar posibles bajadas del IVA a algunos productos, en concreto los culturales y los de higiene íntima femenina para "no gravar mujeres con un impuesto añadido por el simple hecho de ser mujeres".
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