El doble nuevo paradigma de la inversión: responsabilidad y sostenibilidad
La responsabilidad social corporativa y su hermana la inversión sostenible han llegado para quedarse. Existe una pujante demanda de inversores que quieren ajustar sus carteras a valores éticos, en ocasiones intangibles, que supone un cambio de paradigma en el negocio. Aquellos activistas pioneros que hace pocos lustros enarbolaban criterios medioambientales como argumento para seleccionar inversiones se han multiplicando y hoy la inversión responsable, lejos de ser una singularidad, va camino de ser mayoritaria. Mucho más allá de una simple declaración de buenas intenciones, el hecho de invertir bajo criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo se ha convertido en una tendencia imparable que obliga a los gestores. Y las grandes gestoras de fondos, convencidas o no, lo han de asumir como inexorable.
Pero la inversión sostenible y la gestión responsable ya no se limitan a la obviedad de huir de compañías que vulneren la normativa internacional, en derechos humanos o impacto ecológico. El foco se ha ampliado a la igualdad de género, la diversidad, la representación femenina, la conciliación, el entorno social, las condiciones laborales en toda la cadena de producción y otros muchos aspectos que afectan no solo a los stakeholders de una empresa, sino a toda la sociedad. Y, además de ello, también se enfocan a características de funcionamiento corporativo, como la misma composición de los consejos de administración, la independencia de sus miembros, la representación efectiva de los accionistas o, incluso, el comportamiento ético personal de los directivos.
Este nuevo entorno ha llevado a los gestores al convencimiento de que los criterios de sostenibilidad también pueden ser un nicho de rentabilidad y los fondos de inversión sostenible se han incorporado ya a la cartera de las grandes gestoras. De hecho, los llamados fondos verdes, aquellos considerados ecológicamente responsables, lideran ya el mercado de capitales, impulsados por grandes inversores institucionales y una demanda creciente, que superó el pasado año los 100.000 millones de dólares, por encima de la dirigida a bonos tradicionales.
La cuestión es si esa pujante demanda lleva incluida mayor rentabilidad. Y aquí hay algo cierto: su componente extra de ganancia es limitado. Tanto como que la inversión sostenible no supone penalización al inversor. Se trata, primero, de una convicción por parte de este y, a la vez, de activos y de empresas que deben llevar implícito un elevado grado de transparencia, con lo que estos significa de fiabilidad. Es decir, y sin olvidar nunca la máxima de que no es oro todo lo que reluce, una opción válida en función de las expectativas del inversor.
Editorial de 'Cinco Días' (16-17 de junio de 2018)