El dilema del PSOE: subir impuestos o renunciar a más gasto social
Pedro Sánchez deberá aumentar la recaudación si quiere hacer guiños sociales y, a la vez, cumplir con Bruselas Revalorizar las pensiones con el IPC, mejorar la atención a dependientes o subir los subsidios a parados, en su agenda preelectoral
El nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió el jueves en el su defensa de la moción de censura al Ejecutivo del PP a respetar los Presupuestos Generales aprobados para 2018. También aseguró que su Gobierno mantendría el compromiso de España con la estabilidad fiscal y cumpliría con el objetivo de déficit público del 2,2% fijado por Bruselas. Es más, el nuevo presidente insistió en su intención de presentar “en tiempo y forma” los presupuestos de 2019, que le obligarían a tener listas estas cuentas tras el verano.
En este escenario que continúa siendo de cierta austeridad presupuestaria, a Sánchez le va a ser muy difícil llevar a cabo algunas medidas sociales que persiguen los socialistas, y que implican un claro incremento del gasto público, sin incumplir los compromisos con Bruselas. La Comisión Europea exige que el gasto primario –sin intereses de la deuda– solo suba un 0,6% en 2019.
A esto hay que añadir la paupérrima situación del PSOE en el tablero político de la Cámara Baja, donde solo tiene 84 diputados y, por lo tanto, necesita todos los apoyos que tuvo para la moción, de un variado abanico de partidos con ideologías económicas opuestas.
En este escenario sembrado de minas para Sánchez, el nuevo Ejecutivo se enfrenta a un dilema: subir impuestos de forma considerable –para lo que necesita apoyos– o incumplir los compromisos con Bruselas.
Pensiones
Los socialistas han tenido dos grandes caballos de batalla en los últimos años en contra de las políticas económicas del Gobierno popular: la reforma laboral de 2012 y la reforma de pensiones de 2013, reclamando constantemente la derogación de ambas leyes. Sin embargo, el propio Sánchez renunció también el jueves en la Cámara Baja a derogar la reforma de pensiones, por la debilidad que le presupuso a su propio Gobierno.
Esta derogación no sería tan urgente tras el pacto que hicieron el Gobierno popular y el PNV para dejar en suspenso la reforma de pensiones de 2013 y subir las pensiones un 1,6% en 2018 y 2019. Sin embargo, los socialistas no se conforman con esta subida. En el seno de la Comisión del Pacto de Toledo que estudia la reforma de las pensiones siguen defendiendo a capa y espada que las pensiones se vuelvan a revalorizar según la inflación pasada, para garantizar que nunca pierden poder adquisitivo.
Así, Sánchez podría verse en la tesitura de tener que defender para los próximos PGE una actualización de las pensiones conforme al IPC pasado, con el consecuente incremento de gasto que esto supondría (solo la subida del 1,6% pactada con el PNV costará 4.800 millones en 2018 y 2019). Este sería uno de sus mayores guiños sociales a la población de cara a las próximas elecciones.
Mercado de trabajo
Respecto a la reforma laboral, todo apunta a que los socialistas también renunciarán a una derogación completa de la normativa aprobada en 2012. Aunque los sindicatos le presionarán para que, al menos, intente lograr los apoyos necesarios para reformar los puntos más polémicos: los límites a la prórroga automática de los convenios colectivos (la ultraactividad) y la primacía de los convenios de empresa. No se puede olvidar que el responsable del Empleo del PSOE es Toni Ferrer, durante dos décadas número dos de UGT y uno de los más críticos con la reforma laboral.
Sánchez podría intentar impulsar la propuesta de ley socialista que se tramita en el Congreso actualmente sobre la regulación de las subcontratas para intentar mitigar la devaluación salarial de las empresas multilservicios propiciada por la reforma laboral de 2012.
Asimismo Sánchez tendrá por delante el reto de cumplir el aumento de salario mínimo a 850 euros en catorce pagas pactado por el Gobierno popular con patronal y sindicatos. Incluso podría intentar mejorar este pacto o impulsar la norma de renta mínima que se tramita en el Congreso y cuyo coste oscilaría entre los 6.000 y 13.000 millones, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Finalmente, aunque el Ejecutivo no tiene nada que ver en la fijación de los salarios del sector privado, Sánchez o su futuro ministro o ministra de Empleo sí podrá mediar entre la patronal y sindicatos para que firmen un pacto de negociación colectiva que implique un alza de los salarios para mantener la demanda interna.
Impuestos
Los socialistas han rechazado también firmemente las últimas reformas fiscales del Ejecutivo. Si bien parece también poco probable una marcha atrás en esta materia. Sin embargo, el nuevo Ejecutivo va a necesitar aumentar los ingresos públicos si quiere incrementar el gasto social. Así, podría intentar desarrollar una de sus propuestas estrella en materia tributaria: la creación de dos nuevos impuestos a la banca y a las transacciones financieras. Ambos tributos tendrían el carácter finalista de financiar el déficit de 18.000 millones de la Seguridad Social.
El primero de estos impuestos sería sobre la banca; un recargo del 8% sobre el impuesto de sociedades de las entidades financieras. Y un segundo tributo, que gravaría las transacciones financieras y que se aplicaría a la compraventa de activos de empresas con una capitalización de más de 1.000 millones de euros. Con ambos impuestos, los socialistas calculan que se recaudarían unos 1.700 millones anuales. Igualmente, el PSOE ha defendido un tipo mayor para rentas de más de 150.000 euros.
Queda por saber si los socialistas harán suya la propuesta del Gobierno popular para, en desarrollo de la normativa comunitaria, crear un nuevo impuesto a las grandes empresas tecnológicas, con el que pretendía recaudar 600 millones este año y 1.500 millones, en 2019. El PP también iba a usar este dinero para sufragar las pensiones. En cualquier caso, ninguno de estos tributos supone un importante aumento de la recaudación.
Política Social
Sacar adelante una ley sobre igualdad salarial será uno de los principales objetivos del PSOE en el Gobierno, según dijo Sánchez durante la moción. Los socialistas se situaron a la cabeza de las últimas y masivas protestas feministas del 8 de marzo y esta ley sería la materialización de dichas movilizaciones.
Otros aumentos de gasto en materia de dependencia o mejora en los subsidios a los desempleados, especialmente a los de más edad, podrían ser otros puntos de la agenda del nuevo Gobierno.
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