El Gobierno socialista garantizará el 7,4% de rentabilidad a las renovables
El PSOE consensuó una enmienda para evitar otro recorte pero el Gobierno la anuló También las redes eléctricas se beneficiarán de la decisión
La salida de Álvaro Nadal del Ministerio de Energía ha supuesto un gran alivio para las empresas de renovables. El sector entiende, y así lo confirman fuentes políticas, que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez mantendrá estable la actual rentabilidad de la retribución de las instalaciones de energías renovables en funcionamiento en el 7,4%.
En este sentido, el grupo Socialista había presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2018, pactada con Unidos Podemos, Compromís y UPN, que recibió asimismo el voto favorable de Ciudadanos y el PNV. El Grupo Popular optó por abstenerse en la votación, consciente de que habría salido adelante aun votando en contra (también se abstuvieron Foro Asturias, Nueva Canarias y Coalición Canaria).
Pese al consenso parlamentario, el Gobierno vetó la iniciativa alegando que su aplicación tenía un efecto presupuestario. Una decisión que frozaba la legalidad y contravenía, según los productores, la doctrina del Tribunal Constitucional, que considera que para poder vetar una enmienda a los Presupuestos del Estado debe referirse a ellos en particular, sin que pueda aceptarse un veto del Gobierno a proposiciones que puedan afectar a los ingresos y los gastos públicos en el futuro, como era el caso.
Aunque ya no es posible recuperar la enmienda, en el sector confían en que el PSOE promueva una proposición de ley para evitar la caída de la rentabilidad de las plantas a partir de 2020, dado el apoyo que recibió en la enmienda anulada por el PP. La asociación de pequeñas empresas fotovoltaicas (Anpier) pidió, por ello, la dimisión del ministro de Energía, Álvaro Nadal.
La enmienda, que suponía una modificación de la Ley del Sector Eléctrico, habilitaba al Gobierno a otorgar “un especial retributivo” a determinadas instalaciones “como vehículo imprescindible para su necesaria permanencia en el mercado de generación”. Esta se refería a “todas aquellas instalaciones de generación cuya titularidad sea de comunidades energéticas, entendiendo estas como organizaciones sin ánimo de lucro, personas físicas, o pequeñas y medianas empresas cuyos accionistas o miembros mayoritarios sean personas físicas, entes locales o provinciales, o igualmente otras pequeñas y medianas empresas”.
La reforma eléctrica aprobada en 2013 por el Gobierno de Rajoy eliminó el sistema de primas a la producción de las renovables, que fue sustituido por un incentivo a la inversión, que garantizaba una rentabilidad razonable (7,4%) derivada de una fórmula (las obligaciones del Estado a 10 años más un diferencia del de 200 puntos básicos)que se revisará automáticamente. El resultado de dicha revisión, teniendo en cuenta el actual rendimiento de los bonos del Tesoro, supondría una caída de la rentabilidad hasta el 4% aproximadamente para el perido 2020-2025).
Algo similar ocurre con la retribución de las redes eléctricas, si bien, en este caso, existen unos límites de descuento anuales.
Un recorte de 1.500 millones
La batalla por evitar una caída de la rentabilidad de las plantas de renovables ha sido una de las más enconadas entre el sector y el ministro de Energía saliente, Álvaro Nadal. Según sus propios cálculos, el nuevo recorte del incentivo a las renovables (y las redes eléctricas y de gas) a aplicar en 2020, ascendería a 1.500 millones de euros.
El amago de adelanto de dicho recorte antes de la fecha prevista por parte de nadal, provocó dos momentos de pánico en los mercados: en noviembre del año pasado y en febrero de este año, aprovechando la Ley contra la Sequía, la última aprobada por el Gobierno de Rajoy. La maniobra, finalmente frustrada, hizo perder a las energéticas más de 3.000 millones en dos días.
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