Catalá: “La sentencia de Gürtel condena al PP por un delito en el que no participó”
El ministro de Justicia confía en reformar la ley de enjuiciamiento criminal y la fiscalía tras el verano pese a la moción de censura Cree que no faltan jueces, pese a que un tercio de juzgados supera la carga establecida, y cree que los recursos actuales deben permitir digerir los litigios hipotecarios
El ministro de Justicia reconoció ayer que la sentencia del caso Gürtel ha provocado “un tsunami político hasta el punto de provocar una moción de censura”. Rafael Catalá defendió, sin embargo, que “la condena no tiene nada que ver con la corrupción” y que hace responsable al PP “como partícipe a título lucrativo, que es una condena de carácter civil, por la comisión de un delito en el que no participó, ni tuvo conocimiento”.
“Que desde ahí se construya una tormenta política es aprovechamiento del momento, una intención de provocar cambios políticos sin pasar por las urnas”, criticó Catalá en alusión a la moción de censura que ha presentado el PSOE –y que será debatida este jueves y viernes en el Congreso de los Diputados– o la petición de elecciones anticipadas realizada por Ciudadanos.
Catalá comentó que el resto de partidos políticos “tienen derecho a hacer la crítica al Gobierno y al PP pero sería más digno intelectualmente no decir lo que no dice la sentencia”. “Flaco favor hacen a la democracia y a la política los que dicen lo que no dicen las sentencias”, expuso.
Catalá se mostró muy crítico con la percepción de la justicia como un poder dependiente y afirmó con rotundidad que “no existe en España ningún problema ni de politización de la justicia ni de independencia del poder judicial”. El titular de Justicia se mostró además contrario a la utilización de dichas expresiones por los representantes institucionales y políticos y afirmó que “son declaraciones irresponsables por inciertas”.
Defendió además que “no conozco a ningún juez que haya declarado que ha visto violentada su independencia” y recordó que están trabajando en mecanismos dentro de la ley orgánica del poder judicial para incrementar la transparencia de los nombramientos discrecionales que lleva a cabo el Consejo General del Poder Judicial. Insistió en que “todos deberíamos estar llamados a poner en valor la independencia de la justicia”.
Euroorden
Sobre las causas judiciales pendientes contra el expresidente Carles Puigdemont y los consellers de la Generalitat de Cataluña fugados de España en desobediencia a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Catalá aseguró que no ha habido “trabas” en la tramitación de la euroorden y que se han realizado con “toda la normalidad en cuanto a su procedimiento”. “Se ha avanzado hacia un sistema basado en la confianza mutua [entre países] y son las autoridades judiciales las que participan en el proceso de la Unión Europea de detención y entrega”, afirmó.
Reconoció, eso sí, que se trata de un sistema complejo, “basado en la confianza y en categorías delictivas, que no en delitos”. El ministro de Justicia aseguró que, a la espera de que finalice el procedimiento en Alemania, es aún pronto “como para hacer un balance y mucho menos un balance negativo”.
En su opinión, el “sistema de la orden europea de detención y entrega es una experiencia de éxito”, que está generando entre 500 y 600 casos al año que funcionan con agilidad y naturalidad, según Catalá, quien sugirió que se podría aprovechar el momento para “reflexionar si hay que ampliar esas categorías delictivas o si hay que mejorar procedimientos”.
Catalá insistió en que la orden de detección y entrega “funciona normalmente para los delitos comunes” y reiteró que si la Justicia española identifica alguna dificultad en la misma, solicitará ante la Comisión Europea la conveniencia de ajustar o mejorar el sistema”.
El titular de Justicia recordó además la necesidad de contar con estabilidad política, en una clara referencia a la situación del Gobierno en Cataluña. Así Catalá recordó que desde el inicio del procés más de 4.000 empresas han salido de Cataluña buscando seguridad jurídica, circunstancia a la que se ha sumado la pérdida de competitividad de la comunidad. Insistió en la necesidad de contar con seguridad jurídica para el incentivar el crecimiento y el empleo.
