La juez a la que plantó Saracho da la razón al demandante y abre expediente al banquero
Condena a Popular, en manos de Santander, pagar 28.000 euros al accionista afectado Da cinco días al expresidente de la entidad para justificar su ausencia o multarle
La juez a la que dejó plantada el expresidente de Banco Popular Emilio Saracho, llamado a testificar por la demanda de un accionista de la entidad, ha terminado dictando una sentencia a favor del demandante.
En concreto, la magistrada del Juzgado de Primera Instancia Número 27 de Barcelona ha declarado nula la adquisición de 22.438 acciones de Banco Popular efectuadas durante la ampliación de capital del banco de junio de 2016 por parte de un particular que acabó perdiendo su dinero un año después, cuando la entidad fue resuelta.
La sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, condena a Popular, hoy en manos de Banco Santander, a reintegrar al demandante, asistido por el letrado Felipe Izquierdo, los 28.047,5 euros invertidos, junto con los intereses generados desde entonces, más las costas procesales.
Entre otra jurisprudencia, la juez echa mano de la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2016 que anulaba la colocación de acciones de Bankia entre particulares por la falta de veracidad de la información pública con la que se ofrecieron a los inversores. Lo mismo habría ocurrido con la ampliación de Popular, que unos meses después reconoció pérdidas adicionales y poco más tarde acabó desapareciendo.
En paralelo, según fuentes cercanas al caso, la juez ha abierto un expediente sancionador contra Saracho por no asistir al juicio en calidad de testigo como se le había requerido expresamente. La juez da cinco días al último presidente de Popular para explicar por qué no acudió al juzgado barcelonés antes de decidir si le impone una multa que puede oscilar entre 180 y 600 euros.
Saracho ya había tratado de evitar comparecer alegando los “gastos” que le supondría desplazarse a Barcelona o alojarse allí, dada la escasez de transportes y plazas hoteleras de la capital catalana.
Más allá, en todo caso, la cuestión de fondo que planteó el expresidente del banco es que acudir en calidad de testigo a esta causa civil, lo que le impediría mentir, podría vulnerar su derecho de defensa en la causa penal abierta en la Audiencia Nacional donde está siendo investigado.
