Bruselas endurece el control de los vehículos sin seguro obligatorio
La conducción sin cobertura genera pérdidas de 870 millones de euros al año Una nueva directiva permitirá la verificación de matrículas en pasos fronterizos
La Comisión Europea ha aprobado este jueves un proyecto de directiva para combatir la circulación de vehículos sin el seguro obligatorio de responsabilidad civil por daños a terceros. El fenómeno causa unas pérdidas anuales estimadas en 870 millones de euros, que son pagados finalmente por todos los asegurados vía los fondos nacionales de garantía.
"Con esta propuesta, garantizamos que las víctimas de accidents estarán mejor protegidas en el futuro", ha señalado el vicepresidente económico de la CE, Valdis Dombrovskis.
La nueva directiva endurecerá los controles y requerirá a los Estados miembros que intensifiquen la verificación de la existencia de una póliza de seguros adecuada y en vigor. Bruselas reclama controles sistemáticos y sanciones suficientemente disuasorias para los propietarios del vehículo sin seguro.
La norma autoriza, además, el establecimiento de controles transfronterizos para evitar el paso de vehículos sin seguro de un país a otro de la UE, un peligro creciente desde la desaparición de las fronteras.
La normativa actual prohíbe que se detenga de manera sistemática a los vehículos que cruzan la frontera para comprobar que disponen de seguro. Pero el proyecto de directiva autoriza la utilización de medios tecnológicos que pueden detectar de manera automática al vehículo que circula sin cobertura.
Bruselas sugiere que se proceda a la verificación a distancia (mediante cámaras, por ejemplo) de las placas de matrícula. Las autoridades de cada país podrán contrastar las bases de datos para comprobar si el vehículo está asegurado y, de no ser así, proceder a su inmediata detención.
Cambio de compañía
La Comisión también quiere facilitar a los propietarios de vehículos el cambio de compañía de seguros. La directiva actual ya obliga a las aseguradoras a facilitar al cliente que desea cambiar de proveedor un historial de los incidentes cubiertos durante los últimos cinco años. Pero no establece la obligación de que la nueva compañía tome en cuenta esos datos a la hora de calcular la prima de su póliza.
El proyecto de directiva aprobado este jueves armoniza el contenido de la información que deben facilitar las aseguradoras al cliente y obligará a la nueva compañía a especificar cómo computan el historial en el cálculo de la prima. Bruselas cree que esta norma evitará la discriminación hacia clientes procedentes de otro país de la UE.
La directiva también aspira a atajar el problema de las aseguradoras insolventes, que pueden dejar a la víctima de un accidente sin la debida indemnización. La norma establece que si la compañía del vehículo responsable de un percance se declara insolvente, las víctimas serán compensadas de manera inmediata por el fondo de garantía de su país de residencia, que será resarcido por el fondo de garantía del país de la compañía (si es de otro país de la UE).
¿Qué seguro tendrá el coche sin conductor?
La revisión de la directiva sobre el seguro obligatorio de vehículos coincide con la cuenta atrás hacia los coches autónomos o sin conductor que, según la CE, aparecerán hacia 2020 y se generalizarán en 2030.
Bruselas asegura que esos autos tienen el potencial de "reducir drásticamente los accidentes de carretera, que en la actualidad se producen mayoritariamente por errores humanos".
Aun así, añade la CE, ese tipo de coches también deberá estar cubierto por un seguro obligatorio de daños a terceros. Pero se tratará de una póliza exactamente igual a la de los vehículos actuales porque, según la CE, no es necesario introducir ninguna norma específica en el proyecto de directiva aprobado este jueves.
Bruselas tampoco propone medidas especiales para el seguro de los coches eléctricos, ni de los nuevos vehículos a motor como la bici eléctrica o el segway. La CE recuerda que la jurisprudencia del Tribunal europeo ya ha establecido que esos vehículos ya están incluidos en la directiva actual que obliga a disponer de póliza de seguro, aunque los Estados pueden excluirlos siempre y cuando garanticen que las posibles víctimas serán indemnizadas por un fondo de compensación nacional.
