El 65% de los jueces y el 52% de los fiscales secundan la huelga

Según datos del comité de huelga más de 4.800 jueces y fiscales se han sumado al paro para reivindicar una reforma de la justicia.

Protesta de jueces y fiscales en Sevilla el pasado 17 de mayo.
Protesta de jueces y fiscales en Sevilla el pasado 17 de mayo. Europa Press

Después de cuatro paros en las últimas semanas, la fecha acordada para la huelga por las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales, ha llegado. Según los últimos datos facilitados por el comité de huelga a las 18:00, más de 4.800 jueces y fiscales se han sumado al paro convocado este martes para reivindicar una reforma de la justicia. De ellos, 3.537 jueces y 1.297 fiscales, lo que se traduce en un 65,4% de los miembros de la carrera judicial y 51,9% de los fiscales. Una cifra que difiere respecto a los datos remitidos por los Tribunales Superiores de Justicia y los órganos centrales al Consejo General del Poder Judicial, que cifran en 2.916 el número de jueces y magistrados que han comunicado su participación en esta jornada de paro.

Las primeros resultados dados por el comité de huelga llegaban a las 13 horas y señalaban que el 41% de los miembros de la carrera judicial, 2.294 jueces, y el 51% de los fiscales, 1.264, habían secundado la huelga. En un comunicado conjunto las asociaciones judiciales y de fiscales han señalado que la diferencia de resultados se debe al colapso que la drección de correo electrónico corporativo poderjudicial.es, lo que ha provocado que hasta las 17:00 no se liberaran del servidor más de mil mensajes de jueces que comunicaban su adhesión a la huelga.

Los motivos que sustentan esta convocatoria según han manifestado ambos colectivos son, por el lado de los jueces, que no se hayan aprobado las catorce propuestas que presentaron en julio del año pasado ante el Congreso para la reforma de la Justicia, y por el lado de los fiscales, que no se hayan tomado medidas para garantizar su autonomía presupuestaria o la creación de nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal.

En una entrevista concedida al Diario la Ley, el magistrado Manuel Almenar, miembro del comité de huelga (pincha aquí para acceder a la entrevista completa), ha explicado que "ante el silencio de las instituciones", se han visto "obligados a adoptar una serie de movilizaciones que culminan con la huelga y con las que quieren instar a los responsables para que se apueste de verdad por la Justicia en beneficio de la ciudadanía".

Esta misma publicación recoge también el punto de vista del otro colectivo protagonista de esta huelga, los fiscales. "Llevamos demasiados años necesitados de una reforma en la Administración de Justicia que no solo no llega sino que cada vez se aleja más" ha destacado Cristina Dexeus, fiscal y miembro del comité de huelga (pincha aquí para acceder a la entrevista completa).

Sin embargo, el Ministerio de Justicia ha manifestado que está impulsando la mayor parte de las propuestas planteadas las asociaciones judiciales y de fiscales, y que para llegar a un acuerdo sigue apostando por el diálogo "como pauta necesaria e imprescindible para la mejora y modernización de la justicia".

Además de las causas de estas movilizaciones el propio derecho a la huelga de jueces y fiscales no es un tema exento de polémica. Y es que, a pesar de que se trata de un derecho recogido en la Constitución, sus normas orgánicas no se lo reconocen explícitamente. Aunque por otro lado, tampoco lo niegan como sí se hace por ejemplo con el derecho de sindicación en el artículo 127 de la Constitución.

Tres han sido las ocasiones en las que los jueces han hecho huelga - 18 febrero de 2009, huelga general a la que se adherierion el 14 noviembre de 2012 y 20 febrero de 2013-. En la última a la que también se sumaron las asociaciones de fiscales la participación de jueces y magistrados fue del 41% según las cifras del Consejo General del Poder Judicial y de un 62 % según las asociaciones judiciales. La Fiscalía General del Estado no facilitó datos del seguimiento entre los fiscales. Las reivindicaciones de esta huelga fueron principalmente la imposición de tasas judiciales o la externalización del Registro Civil.

En todos estos casos, tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Ministerio de Justicia no reconocieron las huelgas alegando la falta de regulación legal específica y en consecuncia, no fijaron servicios mínimos ni descontaron ese día de salario.

En la actual convocatoria de huelga la actitud de ambas insitituciones ha sido la misma. El 19 de mayo el Consejo se negó, a establecer los servicios mínimos. Por ello, como en las ocasiones anteriores, ha sido el propio propio comité de huelga formado por asociaciones de jueces y fiscales el que los ha fijado determinando que sólo se tramitarán las causas urgentes.

Manuel Almenar ha considerado que esta huelga es "una oportunidad para que la carrera judicial exprese su malestar por el secular abandono que padece la Justicia". Por su parte, Cristina Dexeus ha apuntado que los fiscales "seguirán la huelga para que se visualice el hastío que el constante desprecio ministerial nos provoca".

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