¿Cuáles son las recomendaciones del Pacto de Toledo?
Más allá de la revalorización de las pensiones, la comisión mantiene otras 20 sugerencias Su objetivo es garantizar que el sistema sea justo y sostenible
El sistema público de pensiones es un pilar clave del modelo de protección social español. Se encuentra, sin embargo, en un delicado equilibrio. De un lado, la pirámide demográfica del país promete ir multiplicando el número de jubilados año a año sin que existan un volumen de jóvenes comparable que soporte el coste de su retiro, máxime tras una crisis que ha elevado la tasa de paro y rebajado los sueldos (y por tanto el volumen de cotizaciones) entre las nuevas generaciones.
De otra parte, el elevado número de jubilados en España supone un importante colectivo electoral al que los Gobiernos de turno pueden verse tentados de captar aprobando sustanciosas subidas de sus prestaciones antes de las grandes citas electorales.
Para afrontar ambos retos, los distintos partidos políticos sellaron en 1995 el llamado Pacto de Toledo, celebrado en la ciudad que le da nombre. El objetivo declarado fue excluir de la lucha partidista al sistema de protección social y garantizar la perdurabilidad de las reformas que aseguren la sostenibilidad de las pensiones públicas.
El acuerdo derivó en una comisión parlamentaria, renovable cada cinco años, que se reúne periódicamente para ir revisando el sistema y aportando propuestas desde el máximo consenso político posible.
Aunque la experiencia ha demostrado las carencias de esta comisión frente a los dos grandes retos antes citados, el Pacto de Toledo también ha sido el seno de algunas de las principales reformas del sistema. Aunque la revalorización de las pensiones sigue siendo un tema trascendental para el público general, la comisión, que comenzó presentando 15 recomendaciones generales, mantiene actualmente 21 propuestas y sus miembros siguen tratando de consensuar una revisión de la batería.
La quincena de recomendaciones iniciales, recuerdan desde el servicio de estudios de BBVA, dio lugar en 1997 a la Ley de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social. La norma aumentó de ocho a 15 el número de años tomados para calcular la pensión, ligó su revalorización al Índice de Precios de Consumo (IPC), y derivó en la creación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social en el año 2000, la llamada hucha de las pensiones.
Se impuso también la separación y clarificación de las fuentes de financiación, que fue y sigue siendo la primera recomendación del Pacto, estableciendo que las pensiones contributivas se paguen con cotizaciones de los trabajadores y las no contributivas con impuestos.
Los partidos también consensuaron fijar la edad de jubilación en los 65 años y desarrollar sistemas complementarios de ahorro y protección social de carácter individual y colectivo para que los españoles puedan complementar su pensión pública.
Posteriormente, Gobierno, Patronal y sindicatos impulsaron una nueva ley, de 2001, que fomentaba el retraso de la jubilación y permitía el retiro anticipado a partir de los 61 años.
En 2003, la comisión del Pacto de Toledo aprobaron un nuevo paquete de recomendaciones que motivó una nueva legislación, en 2007, modificando el número de días efectivos de cotización con el que se calcula la pensión, revisando los criterios de acceso a la pensión por incapacidad y elevando la posibilidad de la jubilación parcial hasta los 61 años
La crisis económica que estalló entonces acabó detonando nuevos cambios de calado con el objetivo de tratar de garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones ante un horizonte cada vez más complejo.
En 2011 se impulsó el retraso progresivo de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años para el año 2027, periodo en el que también se incrementará de 35 a 37 años el periodo de cotización exigido para acceder a la pensión máxima.
La prestación, además, pasará paulatinamente a calcularse sobre 25 años de cotización para el año 2022, frente a los 15 años que había establecidos antes.
Finalmente, en 2013 se aprueba el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) que acaba con el tradicional vínculo entre pensiones e inflación e introduce un factor de sostenibilidad, que liga la cuantía de la pensión a la esperanza de vida, con miras a implantarlo en 2019.
Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy ha terminado aceptando que el factor de sostenibilidad no entre en vigor al menos hasta 2023 a cambio del apoyo parlamentario del PNV a los Presupuestos Generales del Estado de este año.
En este marco mantienen sus reuniones los distintos grupos parlamentarios reunidos en el Pacto de Toledo, que entre otros asuntos tiene sobre la mesa el agotamiento de la hucha de las pensiones que ha sido exprimida durante la crisis, la posibilidad de buscar nuevas vías de ingresos para compensar el déficit del sistema y nuevos ajustes que permitan apuntalar las prestaciones ante el envejecimiento de la población.
Hasta que el listado de recomendaciones sea revisado, persiste sobre la mesa del Parlamento la batería de 21 recomendaciones que el Pacto de Toledo consensuó en 2011. Además de las propuestas ya mencionadas el documento hace hincapié en la necesidad de modernizar el sistema y la información que se da al ciudadano; mejorar la gestión; luchar contra el fraude; incentivar el empleo; revisar las prestaciones de viudedad y orfandad; adecuar el tratamiento fiscal de las pensiones; vigilar la protección de las mujeres, los discapacitados e inmigrantes; mejorar la eficacia y el control de las mutuas de trabajo; controlar el tratamiento presupuestario de los recursos públicos o hacer seguimiento de las reformas propuestas por la comisión parlamentaria.
Las 21 recomendaciones del Pacto de Toledo
1. Separación y clarificación de las fuentes de financiación
2. Mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones
3. Fondo de reserva
4. Financiación, simplificación e integración de regímenes especiales
5. Adecuación de las bases y períodos de cotización
6. Incentivos al empleo
7. Modernización e información al ciudadano
8. Gestión del sistema
9. Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
10. Lucha contra el fraude
11. Contributividad
12. Edad de jubilación
13. Prestaciones de viudedad y orfandad
14. Tratamiento fiscal de las pensiones
15. Solidaridad y garantía de suficiencia
16. Sistemas complementarios
17. Mujer y protección social
18. Discapacidad
19. Inmigración
20. Control parlamentario y tratamiento presupuestario de los recursos de la Seguridad Social
21. Seguimiento, evaluación y reforma del Pacto de Toledo