El Congreso cierra la puerta a cambiar el ratio de licencias a Uber y Cabify frente al taxi

Garantiza que no haya más de una licencia a empresas por cada 30 de taxi Cabify: "Mejor una regulación que una liberalización salvaje y desordenada"

Manifestaciones de taxistas contra Uber y Cabify

El Pleno del Congreso ha convalidado hoy, sin cambios, el decreto ley aprobado por el Gobierno para blindar la limitación a las concesiones de autorizaciones a empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC), las firmas como Uber y Cabify, en relación con las del taxi, con el fin de garantizar que no exista más de una licencia de esas empresas por cada treinta del taxi.

El decreto ley ha sido respaldado por PP, PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, UPN, Coalición Canaria y Nueva Canarias. Ciudadanos y Foro Asturias han optado por abstenerse, mientras que EH-Bildu ha votado en contra.

A continuación, el Congreso ha rechazado tramitar la norma como proyecto de ley, como pedían Unidos Podemos, Ciudadanos y los independentistas de ERC y PDeCAT, con lo que se ha cerrado la puerta a introducir modificaciones. Contra esta tramitación se han pronunciado PP, PSOE, PNV, UPN, Coalición Canaria y Foro Asturias.

La norma, en vigor desde que la aprobó el Consejo de Ministros, eleva a rango de ley la proporción de una VTC por cada treinta licencias de taxi que estableció Fomento en 2015. Durante su defensa ante el Pleno del Congreso, el ministro Íñigo de la Serna ha argumentado que el decreto ley permite "dotar de mayor seguridad jurídica" a esta proporción, y así "garantizar una convivencia ordenada y armónica" entre el taxi y las empresas VTC.

El ministro ha rechazado que las medidas adoptadas por el Gobierno --este decreto ley y la prohibición del traspaso de licencias VTC en los dos primeros años, así como una mayor exigencia de información-- no son "parches", incidiendo que este mismo decreto anticipa próximas medidas para avanzar "en ese proceso de mejora de competitividad".

Así, ha recordado que promueve la convocatoria de la Conferencia Nacional de Transportes para que el Gobierno, en coordinación con comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones profesionales del sector, adopten medidas en este sentido.

Las normas territoriales, amenaza a la unidad de mercado

Por otro lado, el ministro ha destacado la importancia de esta norma con el fin de homogeneizar las condiciones de servicio en todo el país, ante las iniciativas impulsadas por administraciones autonómicas y municipales con el fin de limitar la concesión de licencias.

"Sinceramente, creemos que no sólo entrañan una amenaza a la unidad del mercado, sino que pueden poner en cuestión la eficacia del título competencial que corresponde al Estado para regular las autorizaciones de VTC", ha manifestado.

Mejorar las condiciones laborales

El PSOE ha valorado positivamente la adopción de nuevas medidas en el marco de la citada Conferencia Nacional de Transportes, pero ha pedido al ministro que convoque dicha comisión "a partir de la próxima semana", y trabajar ahí y no en el propio Congreso, donde cree que lo que podrá resultar es "más liberalización".

Así, su portavoz de Fomento, César Ramos, ha instado a impulsar una regulación "que permita mejores salarios y condiciones laborales", ya que cree que hasta ahora la política no ha sido capaz "de aprovechar la tecnología" en este sentido, y ha instado a ponerse "las pilas".

Rafa Mayoral, de Podemos, ha pedido no reducir esta cuestión a "un debate entre taxis y VTC", pues ha señalado que esta situación "les pasa también a los chavales que van con la bici de Deliveroo", ya que se trata, ha dicho, de luchar contra un modelo "basado en los paraísos fiscales, la elusión fiscal, la precarización del trabajo y una economía extractiva de los grandes monopolios especuladores".

Ciudadanos, por su parte, ha optado por abstenerse, considerando su portavoz económico, Toni Roldán, la medida como "un parche que igual no sirve para nada". "Con su regulación está jugando a la ruleta rusa en el sector del taxi", ha espetado al ministro.

La opinión de las empresas

Por su parte, el director regional de Cabify, Mariano Sylveira, mantuvo que su compañía “es más partidaria de una regulación, de un Real Decreto como este, que de una liberalización totalo, salvaje y desordenada”, explicó. “Nuestra opción es por una liberalización gradual que permita a todos los agentes adaptarse”, dijo.

Sylveira avanzó que está “en manos de las Comunidades Autónomas”, que tienen potestad para variar este ratio, “analizar la demanda real y adaptar estas cantidades a sus necesidades. Pero se necesita valentía”. El directivo instó al sector a “sentarse para llegar a soluciones”.

Fuentes de Uber destacaron que “es una oportunidad perdida para la creación de miles de puestos de trabajo en España y para la modernización de la movilidad de las ciudades. Esperamos ponernos a trabajar con Gobierno, taxi y otras plataformas en una nueva regulación”.