El acceso único a la abogacía y la procura está más cerca
La norma se tramitará por el procedimiento de urgencia para cumplir con los compromisos contraídos con la Comisión Europea
El próximo 10 de mayo concluye el plazo para la presentación de aportaciones, por parte de los interesados, al anteproyecto de ley de reforma de las condiciones de acceso y ejercicio de las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, publicado por el Ministerio de Justicia el pasado 24 de abril. Esta norma que se tramitará por el procedimiento de urgencia para cumplir cuanto antes con los compromisos adquiridos con la Comisión Europea, que implican la adaptación del ordenamiento jurídico nacional a la Directiva de servicios en el mercado interior.
Uno de sus principales objetivos es el acceso único a la profesión de abogado y procurador, es decir, que a través de la obtención de un único título profesional, necesario para colegiarse en cualquiera de las dos profesiones, sea posible el desempeño de la asistencia letrada o de la representación legal del justiciable.
Para quienes ya tengan el título profesional de abogado o de procurador, el anteproyecto aclara que estarán habilitados para el ejercicio de ambas profesiones. Por su parte, aquéllos que estén cursando cualquiera de las dos formaciones podrán obtener el título profesional que habilita para el desempeño de cada una de ellas, para lo que se convocaran pruebas de evaluación separadas en los 18 meses siguientes a la entrada en vigor de la ley. Desde Justicia declaran que el establecimiento de un único sistema de acceso a las dos profesiones jurídicas conllevará "la simplificación administrativa en el reconocimiento de los títulos necesarios y el previsible enriquecimiento de la experiencia compartida entre la defensa y la representación en juicio".
Asimismo, el anteproyecto de ley prevé la eliminación de la incompatibilidad de sociedades profesionales mixtas. Por tanto, facilita que los despachos se conviertan en sociedades multidisciplinares compuestas por abogados y procuradores en las que se ejerzan simultáneamente ambas actividades profesionales. El Ministerio defiende que este proceso de apertura y flexibilidad en la constitución de sociedades profesionales, "facilitará el acceso de los ciudadanos a la administración de justicia, sin afectar a la independencia e imparcialidad de estos profesionales".
El tercer punto de esta reforma es la creación de un sistema de arancel de máximos para los procuradores. El artículo tercero del anteproyecto especifica que salvo que se dé un supuesto excepcional que cuente con autorización judicial, "la cuantía global por derechos devengados por un procurador de los tribunales en un mismo asunto, actuación o proceso no podrá exceder de 75.000 euros". Justicia confía en que esta medida "mejorará la competitividad en la prestación del servicio".