Así es la agenda de reformas de Justicia para 2018

El plan normativo prevé la aprobación de 18 normas en materia de Justicia

La elaboración de una ley orgánica de enjuiciamiento criminal entre los objetivos más ambiciosos

Vista del hemiciclo del Congreso de los Diputados.
Vista del hemiciclo del Congreso de los Diputados. EFE

Reformas en la investigación penal, en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, en el proceso civil o en el acceso a las profesiones de abogado y procurador son algunos de los objetivos normativos en materia de Justicia para este 2018. Así viene reflejado en el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para el año 2018, aprobado el pasado 7 de diciembre por el Consejo de Ministros, que recoge los objetivos y prioridades políticas de los distintos ministerios. Sin embargo, para que esta planificación se materialice, en particular, para que las leyes orgánicas y las leyes ordinarias previstas en este plan salgan adelante deberán ser aprobadas en el Parlamento.

En cualquier caso, entre las prioridades del Ministerio de Justicia para este año destacan las reformas tanto del proceso penal como del civil. En cuanto al proceso penal, el Ejecutivo propone la aprobación de una ley orgánica de enjuiciamiento criminal que establezca un modelo de investigación penal en el que el Ministerio Fiscal asuma su dirección, y que a su vez cuente con un juez de garantías que vele por el respeto a los derechos de las partes implicadas, procure la práctica de diligencias denegadas por el fiscal y decida sobre la apertura del juicio oral. En relación con ello, también desde el Gobierno pretenden modificar el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal mediante una ley modernice esta institución y le otorgue mayor autonomía.

Por su parte la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil tiene como meta fundamental: mejorar los porcentajes de ejecución de las sentencias. Este trámite judicial es uno de los grandes lastres de la justicia española y para conseguir este objetivo, el Gobierno propone unificar y simplificar dichos procedimientos. Asimismo, con dicha reforma se pretende también reducir la litigiosidad a través del fomento de la mediación, regular la posibilidad de inembargabilidad de las ayudas sociales mínimas para personas en riesgo de exclusión social o mejorar del sistema de notificaciones, ejecución y subasta judicial.

Otro de los puntos en los que se pretende modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como el Código Civil, es en materia de discapacidad, para adaptar su regulación a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. Es decir, que la ley contemple una igualdad en el ejercicio de la capacidad de obrar por parte de las personas con discapacidad, y el paso de un sistema de sustitución en la adopción de decisiones por uno de mera asistencia que respete la autonomía, la voluntad y las preferencias de la persona.

El plan anual normativo prevé también para este año, una modificación de la Ley Orgánica del poder Judicial referida al sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que refuerce su independencia y acabe con la politización de justicia. De tal manera que, los vocales del CGPJ que proceden de la carrera judicial sean elegidos por los propios jueces y magistrados y no por las Cortes como hasta ahora.

La modificación del Código Penal, es otro de los ambiciosos proyectos que plantea este plan normativo para 2018. Su objetivo fundamental es responder a las obligaciones internacionales adquiridas por España. En primer lugar, la transposición de tres directivas europeas que versan sobre sanciones penales por abuso de mercado y la utilización de información privilegiada, sobre la lucha contra el terrorismo y la última de ellas, sobre lucha contra el fraude. Además, deben realizarse ajustes en el Código penal que adopten lo establecido en tratados internacionales ratificados por España, como por ejemplo, el Convenio del Consejo de Europa sobre lucha contra el tráfico de órganos humanos.

Siguiendo con la transposición de directivas el Ejecutivo tiene previsto para este año 2018, aprobar la ley que transponga la directiva europea relativa a la protección de los secretos comerciales de las empresas para favorecer el buen funcionamiento del mercado interior europeo a través del acercamiento de las legislaciones de los Estados miembros.

En cuanto al derecho a la defensa, el Gobierno considera que es necesaria una ley orgánica que desarrolle este derecho fundamental en aquellos aspectos comunes a todas las jurisdicciones. En particular lo que se pretende es que esta ley orgánica facilite el conocimiento de los derechos y deberes del cliente frente a su abogado y durante el procedimiento, así como las obligaciones y derechos del abogado frente al cliente y ante el tribunal.

Los cambios en la realidad económica y social obligan a contemplar en este plan anual normativo una ley de modernización de obligaciones y contratos que de ser aprobada, provocaría una reforma del Código Civil en su Libro IV y la creación de un nuevo Código Mercantil para adaptar la regulación de los contratos típicos a la realidad económica.

Los reales decretos previstos en este plan en materia de justicia son muy numerosos, los cuales al no necesitar en principio la aprobación del Parlamento tienen más posibilidades de prosperar. Uno de ellos es el que pretende reformar el reglamento del Registro mercantil para regular la intervención de los registradores mercantiles en los asuntos en los que resulten competentes en virtud de la Ley de jurisdicción voluntaria, adaptarse a la normativa europea sobre la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, facilitar los trámites de constitución de empresas y favorecer la resolución extrajudicial de conflictos.

Por otra parte, las reivindicaciones de los jueces por la saturación que sufren muchos juzgados y tribunales en nuestro país, también se reflejan en el plan normativo. El Gobierno anuncia así la aprobación de un real decreto para adecuar la planta judicial a las necesidades judiciales de recursos tanto materiales como humanos.

Los abogados y procuradores, también esperan que este año se aprueben normas que les afectan directamente. Concretamente, se prevén una ley y un real decreto que modifiquen el acceso a las profesiones de abogado y procurador, con una configuración distinta de la prueba actual que dé prioridad a la evaluación práctica y a la formación especializada.

Además, se prevé que el Estatuto general de la abogacía se adapte mediante real decreto a las exigencias de flexibilización del mercado. También se recoge en el plan normativo la aprobación de un arancel de carácter máximo de derechos de los procuradores y la regulación de la entrega de un presupuesto previo al cliente en el que conste la disminución que pudiera existir respecto a ese máximo. De esta manera, se adecuaría la normativa española a las exigencias de la Comisión Europea, que ya se ha manifestado que entiende que establecer tarifas mínimas obligatorias para dicha profesión es contrario a la Directiva de Servicios.

Otras reformas vía real decreto

  • Asistencia jurídica gratuita: modificar el reglamento de asistencia jurídica gratuita actualizando la regulación técnica del régimen aplicable para su prestación e introduciendo medidas que permitan agilizar la tramitación de la financiación pública de estos servicios.
  • Salarios de tramitación: actualizar y mejorar los procedimientos para la reclamación al Estado de los salarios de tramitación para que se reduzcan sus tiempos y sean más eficaces y transparentes.
  • Letrados de la Administración de Justicia: adaptar su reglamento a las reformas en la Ley Orgánica del Poder judicial respecto a este colectivo en el sistema de concursos, categorías y escalafón, regular el cese de los letrados nombrados para puestos de libre designación y el nombramiento y cese de los del Tribunal Supremo.
Normas