Diez medidas urgentes para impulsar la I+D+i

España necesita un pacto político para que el presupuesto en este ámbito sea estable

Diez medidas urgentes para impulsar la I+D+i

I+D+i es sinónimo de futuro, de progreso, de competitividad; algo a lo que nuestras empresas no pueden renunciar, máxime en una economía globalizada como en la que nos encontramos, donde los costes de producción no son ya un elemento de valor frente al diseño, la calidad o la innovación. Las empresas, con independencia de su tamaño o sector, deben apostar por la I+D+i y la digitalización como elementos centrales en sus planes estratégicos, contando para ello con un marco institucional que coadyuve en el proceso.

Sin embargo, existe la preocupación en el tejido empresarial español por el hecho de no ver reflejadas estas actividades entre las prioridades de la agenda política del Gobierno ni de los distintos partidos.

Tradicionalmente, se ha achacado el bajo nivel de gasto en I+D en España al sector privado, ya que se mantenía por debajo de lo recomendado (dos tercios del gasto total en I+D). En España, el gasto privado representa el 0,64% del PIB (54,2% del total del gasto en I+D), mientras que la media de la UE se sitúa en el 1,30% del PIB (66% del total del gasto en I+D).

No obstante, en el último dato disponible se puede constatar que, pese a que el gasto total ha descendido respecto al ejercicio anterior, el gasto de las empresas se ha mantenido en el mismo nivel (0,64% del PIB), mientras que el presupuesto del sector público ha sufrido un ligero descenso, pasando del 0,57% del PIB en 2015 al 0,55% en 2016.

Desde el inicio de la crisis económica en 2.008, los presupuestos públicos para la I+D+i y su aprovechamiento real han decrecido sistemáticamente, sin prestar atención a cuáles eran las consecuencias sobre las empresas y sus proyectos de I+D+i. Por ello, desde CEOE hemos creído conveniente la elaboración de este Decálogo de medidas urgentes para impulsar la I+D +i en España y, como medida principal del documento, se recoge la necesidad de establecer un “Pacto Político por la I+D+i”, tratando, además, de contar con un amplio respaldo social y parlamentario para que los presupuestos destinados a este ámbito no se vean afectados, por ejemplo, por los ciclos económicos o políticos.

Además, resulta fundamental acometer un proceso de simplificación legislativa y administrativa, que comience por una mayor coordinación de la propia Administración General del Estado, y de ésta con las distintas Comunidades Autónomas, que pase por el avance hacia la armonización y simplificación de los procedimientos para las empresas, de modo que sea posible la gestión a través de una Ventanilla Única, y que facilite también la colaboración de los agentes de investigación y los agentes tecnológicos, tanto públicos como privados. Esta colaboración debe ser la base sobre la que construir un verdadero Plan de I+D tecnológico, sectorial, geográfico y con presupuestos anuales preestablecidos.

Otro aspecto importante es el de la transferencia de tecnología. Por ello, el documento enfatiza la necesidad de facilitar la permeabilidad de la investigación en Universidades y Centros Públicos hacia el tejido productivo y hacia la sociedad, para dar respuesta así a los grandes retos sociales y a las necesidades de las empresas.

La financiación resulta vital para una actividad donde el riesgo y la incertidumbre forman parte de su propia existencia. Por ello, se propone mejorar la financiación de la I+D+i, para dotar de estabilidad y uniformidad al sistema. Hablamos, por ejemplo, de la adaptación de los préstamos ligados a estas actividades a la realidad de los mercados y a las características de las empresas receptoras. Igualmente, resulta necesario otorgar a la financiación de la I+D+i mediante la modalidad de subvención una dotación presupuestaria al menos equiparable a la que se utiliza para la modalidad de préstamo.

A ello debe unirse la simplificación, abaratamiento y reducción de los plazos de emisión de los Informes Motivados Vinculantes (IMV) para las deducciones fiscales por I+D+i, reestableciendo la seguridad jurídica de las deducciones aplicadas. Un 9% de desavenencias entre las Certificaciones ENAC y los IMV es un contexto de inseguridad inconveniente, como muestra el retroceso en la última cifra de aplicación de las deducciones publicada por el Ministerio de Hacienda, a lo que se suma el haber retirado el importe del proyecto como materia vinculante del IMV.

El Innovation Box es un incentivo fiscal crucial para el aumento de la transferencia tecnológica en las empresas españolas. Esperemos que ahora que poco a poco las empresas empiezan a dar un uso cada vez más sistemático del incentivo, el Gobierno no se vea tentado de considerarlo un elemento de recorte presupuestario.

En el ámbito de la formación y retención del talento se debe destacar, no sólo la importancia de adecuar los planes de estudio universitario y la Formación Profesional para que respondan a las necesidades reales de las empresas, sino la relevancia de estimular a los estudiantes para su incorporación a carreras científico-técnicas.

Además, y aludiendo a la necesaria seguridad jurídica, se debe facilitar la protección de la innovación a través de la propiedad industrial e intelectual, en un marco que sea lo más favorable posible para la industria española.

La Administración juega también un papel importante como elemento tractor, tanto a través de instrumentos como la Compra Pública Innovadora, como a través de la contratación pública, ámbito este último donde resulta necesario que se valoren adecuadamente las actividades de I+D+i de las empresas en los concursos y licitaciones públicas.

Todo ello no puede llevarse a cabo sin la necesaria implicación de las personas, que deben situarse en el centro de la transformación tecnológica y de la innovación: hemos de abrir la puerta de las industrias a la sociedad. Así pues, se debe avanzar en programas de acercamiento práctico y difusión tecnológica, así como en la promoción de derechos y deberes de la ciudadanía en general.

 Raúl Natividad es Vicepresidente de la Comisión de I+D+i de CEOE

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