Bruselas propone un recargo fiscal a las grandes tecnológicas
El gravamen afectaría a empresas como Google, Facebook o Airbnb La recaudación se repartiría en función del número de usuarios en cada país
La Comisión Europea tiene previsto aprobar el próximo miércoles (21 de marzo) un plan legislativo para aumentar la presión fiscal sobre las grandes empresas del sector digital y garantizar que pagan parte de sus impuestos en los países donde cuentan con mayor número de usuarios y donde generan los mayores beneficios.
La propuesta, a la que ha tenido acceso CincoDías, incluye un nuevo impuesto a las empresas digitales que superen un determinado umbral de facturación (el borrador del proyecto lo cifra en 750 millones de euros) y un determinado umbral de ingresos por los servicios digitales prestados en la UE (el proyecto habla de una horquilla de entre 10 milones y 20 millones).
El plan completo plantea una solución definitiva al problema de la elusión impositiva a través de una directiva que permita a los Estados aplicar el impuesto de sociedades a empresas que no tengan presencia física en su territorio.
"Sin embargo, una reforma de las normas del impuesto sobre sociedades llevaría tiempo y hay una gran presión política de los Estados miembros para adoptar medidas a corto plazo con un alcance más limitado", señala el documento elaborado por el departamento de Pierre Moscovici, comisario europeo de Fiscalidad.
El año pasado, las cuatro grandes economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) ya reclamaron con urgencia un "impuesto igualador" para evitar que las empresas digitales trasvasen los ingresos de sus mercados hacia países donde apenas pagan impuestos como Irlanda o Luxemburgo. Bruselas teme que cada país adopte su propia solución para frenar la hemorragia fiscal. "Para evitar una acción unilateral de los Estados y preservar el mercado único, es necesario que la Comisión actúe", señala el documento de Moscovici.
Moscovici propone una solución rápida consistente en establecer un impuesto (deducible del de sociedades) para todas las empresas del sector digital, incluidas las europeas, que superen los umbrales de facturación previstos. Bruselas quiere que el tipo de imposición sea el mismo en toda la UE y sugiere una horquilla de entre el 1% y el 5%, por lo que la propuesta definitiva podría situarse en el 3%.
El potencial de recaudación, con un gravamen del 5% podría llegar hasta los 7.800 millones de euros al año, según datos citados por Financial Times. Con el 3% se quedaría en 4.800 millones.
El impuesto se calcularía a partir de los ingresos obtenidos por las empresas por dos tipos de servicios.
En primer lugar, por el aprovechamiento de la información facilitada por los usuarios que permite a las grandes plataformas explotar sus espacios publicitarios. Ese criterio, según los documentos de la CE, afectaría a empresas como Google, Facebook, Instagram, Twitter o la versión gratuita de Spotify.
El impuesto se aplicaría incluso cuando el ingreso resulte de una relación comercial entre dos empresas extracomunitarias si la facturación se genera en territorio europeo. Por ejemplo, si Coca-Cola (EE UU) compra espacio publicitario a Google (EE UU) para difundir sus anuncios en el mercado de la UE, la transacción estará sujeta a gravamen.
En segundo lugar, se gravarían los servicios de las plataformas de intermediación que ponen en contacto las ofertas de unos usuarios con las demandas de otros. En este caso afectaría a empresas como Airbnb (alojamiento) o Uber (transporte). En caso de que los dos usuarios se encuentren en países distintos, el impuesto se liquidará en abmos países en función del ingreso obtenido en caa uno de ellos.
Bruselas duda si incluir en el ámbito de aplicación del impuesto a las empresas de contenidos digitales, como Netflix. Pero parece decantarse en contra de esa posibilidad por la complejidad técnica de determinar el valor generado por el usuario. La CE tampoco considera conveniente gravar la distribución on line de productos como juegos o libos electrónicos. En todo caso, aseguura el documento, el potencial de recaudación en esa actividad es bastante limitado.
¿Dónde se paga?
La introducción del impuesto obligará a las empresas del sector a faiclitar abundante información a las haciendas nacionales sobre el volumen de su actividad en cada país, para pagar los impuestos de manera proporcional. Bruselas apunta datos como la dirección de IP del usuarios, el origen geográfico de los dominiso o el lenguaje utilizado, como criterios para fijar la procedencia de la facturación. La Comisión sugiere una ventanilla única a nivel europeo para que las grandes plataformas puedan declarar sus datos una sola vez en toda la UE.
El equipo de Moscovici cree, en todo caso, que este impuesto debería desaparecer si se alcanza la solución a largo plazo a través del proyecto de directiva sobre armonización de la base imponible, estancado desde 2011. Bruselas propone introducir en esa directiva el concepto de establecimiento digital permanente que ampliaría los criterios que permiten a un país gravar la actividad de una empresa.
En la actualidad, el impuesto de sociedades se aplica en función de la actividad física (activos, riesgos, empleados, etc,), unos criterios que la mayoría de las grandes tecnológicas pueden esquivar porque apenas necesitan tener presencia en un país para obtener grandes ingresos.
Brusela propone modernizar ese planteamiento y extender el impuesto de sociedades a empresas sin presencia física pero que obtengan un volumen determinado de ingresos del mercado digital (a partir de 10 millones de euros), que superen cierto umbral de número de usuarios y que excedan un determinado número de contratos.
Aun así, ese concepto no se podría aplicar a las grandes tecnolóticas estadounidenses mientras cada país no revise los tratados bilaterales con EE UU para evitar la doble imposición. Un proceso largo que augura una larga vida al impuesto temporal si sale adelante.
El precedente (fallido) de la tasa Tobin
El proyecto de impuesto a las tecnológicas llega tras el aparente fracaso del impuesto a las transacciones financieras, un gravamen que según los cálculos de Bruselas permitiría recaudar unos 35.000 millones de euros. La propuesta arrancó en 2011 pero apenas ha avanzado a pesar del apoyo del comisario europeo de Economía y Fiscalidad, Pierre Moscovici.
"El proyecto todavía está vivo", señalaba este martes Moscovici durante un encuentro con medios europeos, incluido CincoDías, en el marco de un seminario sobre el futuro de la zona euro y de Grecia. Moscovici admitía, sin embargo, las tremendas dificultades de sacar adelante un impuesto que solo cuenta con el apoyo, poco entusiasta, de 11 socios (entre ellos España).
El comisario se mostró más optimista sobre la posibilidad de alcanzar un pacto en la directiva sobre la armonización de la base del impuesto de sociedades, también atascada desde 2011. "Me haría muy feliz si se pudiera cerrar antes del final de mi mandato [octubre de 2019]", señaló Moscovici.
El comisario cree que en las tecnológicas su propuesta también puede acelerar el acuerdo, al plantear una solución a corto plazo (un impuesto sobre la facturación) y otra a largo plazo (impuesto sobre los beneficios integrado en la base común imponible).
El impuesto tecnológico, con una recaudación potencial de unos 3.4000 milones, es más modesto que el del sector financiero. Pero también requiere la unanimidad de los 28 socios de la UE y es probable que choque con la resistencia de los países más pequeños (potencialmente menos beneficiados) y de los de baja imposición (Irlanda, Holanda, Luxemburgo), donde ahora mantienen el domicilio fiscal las grandes multinacionales del sector digital.