Es Cataluña quien tiene la última palabra sobre su futuro y el del MWC
El desplante al Rey no puede considerarse siquiera un gesto político hostil, sino una irresponsable pataleta
Un gesto cara a la galería puede salir muy caro. Los desplantes al Rey en su visita al Mobile World Congress (MWC) de Barcelona hace inevitable plantearse hasta qué punto el independentismo está dispuesto a que Cataluña pague un alto precio por un procés que todos saben fracasado. La negativa de representantes institucionales a participar en el recibimiento a Felipe VI –un desplante capitaneado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el presidente del Parlament, Roger Torrent– no puede considerarse ni siquiera un gesto político hostil, sino una pataleta irresponsable que se suma a la larga lista de despropósitos con los que el independentismo está debilitando a Cataluña.
Con tal de agradar a su parroquia, los líderes catalanes arriesgan el futuro inmediato de un evento que convierte cada año a Barcelona en una capital mundial tecnológica y cuyo impacto económico es indiscutible. El año pasado, más de 100.000 personas visitaron la feria, que dejó un total de 465 millones de euros y generó más de 13.000 empleos. La importancia de estas cifras es aún mayor en un momento en el que la economía catalana acusa los efectos de la inestabilidad institucional, que ha llevado a más de 2.300 empresas a cambiar su domicilio fiscal o social y se ha hecho notar en el turismo y el empleo.
El Gobierno, que ha advertido del peligro de que Barcelona pierda su condición de sede del MWC, se sumaba ayer a la defensa, meramente discursiva, de Ada Colau sobre las ventajas de la ciudad como sede de la feria, después de que la compañía organizadora del evento haya recalcado la importancia de la estabilidad como condición para mantener el contrato. También desde las grandes empresas se ha evidenciado ese apoyo; es el caso del presidente de Telefónica, José María Ávarez-Pallete. Pero ninguno de esos respaldos puede sustituir a la responsabilidad y el compromiso que corresponden al Ayuntamiento de Barcelona y al Govern. Urge una normalización de la vida política en Cataluña, pero eso ya solo depende de que el separatismo asuma de una vez el único camino viable: el regreso a la legalidad y a la lealtad institucional.
