El Gobierno incluirá la protección de depósitos de las empresas en caso de quiebra de un banco
Quiere evitar fugas de dinero como las que se produjo en Popular La banca también es partidaria de esta iniciativa
El Gobierno tiene previsto incluir la protección de los depósitos de las empresas en la próxima ley de resolución que traspondrá la directiva europea que ahora se está retocando a raíz de la quiebra de Banco Popular. El Ministerio de Economía ya está elaborando un borrador de ley. El objetivo es que los depósitos de las empresas no se usen para pagar la quiebra de los bancos, una reclamación de la banca, las empresas y del presidente del FROB, Jaime Ponce. Se intentará también incluir los depósitos de las instituciones públicas, además de las pymes.
Esta medida evitaría la fuga masiva de dinero, sobre todo de grandes empresas e instituciones oficiales en caso de problemas de un banco, ya que estarían protegidos como el de los pequeños ahorradores. De hecho, y como ha reconocido Ponce en sus últimas intervenciones públicas, si esta iniciativa hubiera estado en vigor, se podría haber frenado la salida de depósitos de Popular.
De esta forma, puede que se hubiera evitado la resolución del banco, ya que podría haberse seguido con el proceso de venta de la entidad iniciado en mayo de forma ordenada. Hay que recordar que la quiebra de Popular se precipitó por la falta de liquidez ante la fuga de depósitos en los últimos días.
La fuga de depósitos en Popular se produjo, precisamente, ante el miedo de estas empresas a perder el dinero, puesto que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) solo garantiza hasta 100.000 euros. Y si no se hubiera cerrado la venta a Santander, la Junta Única de Resolución (JUR) hubiera aplicado el sistema denominado bail-in, que supone que paguen la quiebra los accionistas, bonistas e incluso depositantes, empezando por los que tienen los mayores fondos en el banco. Ponce reclamó esta medida el pasado septiembre en el Congreso de los Diputados, en la comisión que investiga la crisis financiera y caída de Popular.
Y lo volvió a pedir el 9 de febrero en unas jornadas sobre la resolución bancaria en Madrid. En esta intervención, Ponce aseguró que “sería muy positivo reforzar la prelación concursal, no sólo de los depósitos de las personas físicas y pequeñas y medianas empresas que ya recoge la Ley, sino también de los depósitos de las grandes empresas. De modo que estos depósitos tuvieran un privilegio sobre los demás acreedores ordinarios, como ya ocurre en otros países”.
Popular: 14.000 millones de salidas de capial en tres meses
Según datos de la Asociación Española de Banca (AEB), desde abril de 2017 (cuando el entonces presidente de Popular, Emilio Saracho, reconoció que el banco estaba abocado a una ampliación de capital o a una venta) hasta finales de junio de 2017 la salida de depósitos en Popular alcanzó los 14.251 millones de euros. Instituciones públicas. El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, aseguró en enero, durante su comparecencia en la comisión parlamentaria sobre la crisis financiera, que el 30% del total depósitos que salieron de Banco Popular desde abril de 2017 hasta su resolución a comienzos de junio correspondió a instituciones publicas.
Y como ejemplo citó a Alemania e Italia, donde los depósitos de empresas o clientes minoristas no se emplean para cubrir los agujeros en caso de quiebra de la entidad, lo que sí ocurre con los accionistas o bonistas. Los bancos están totalmente de acuerdo con la iniciativa del FROB, ya que reconocen que se evitaría un temor que puede frenar la entrada de depósitos de grandes inversores.
El problema, según reconocen varias fuentes, es que el Gobierno tiene complicado aprobar cualquier ley, por lo que habría que esperar a la siguiente legislatura para llevarse a cabo. De cualquier forma, no se espera que está futura ley se publique hasta 2019, una vez que la UE haya finalizado los retoques de la directiva de resolución.En la normativa europea ya se incluirá la protección de los depósitos de las pymes por encima de 100.000 euros para que no sean utilizados para asumir pérdidas de un banco.
