Por un Estado social público-privado

Debemos recuperar y aprovechar al máximo la colaboración entre los dos ámbitos

Por un Estado social público-privado

El retraso histórico en España de la construcción de un Estado social, durante los siglos XIX y XX, originó un papel importante del sector privado en la prestación de servicios públicos. La deficiente educación fue atendida, en buena parte, por una red de colegios privados religiosos, sin perjuicio de loables intentos de articular un sistema público educativo que alcanzara también los ámbitos rurales, dignificando la importante figura del maestro de pueblo y reduciendo los altos niveles de analfabetismo. La retrasada sanidad fue cubierta, desde sus orígenes históricos en adelante, por mutualidades privadas, aseguramientos privados y entidades religiosas-benéficas, y tan solo el limitado seguro social de enfermedad de los años cuarenta comenzó a introducir el riesgo público sanitario dentro de la luego ampliada cobertura de seguridad social. Estos dos pilares de cualquier Estado social fueron prestados esencialmente por entidades privadas en colaboración con insuficientes servicios públicos.

La inauguración de nuestro actual sistema constitucional de 1978, que proclama a España como un Estado social, implicó un gran desarrollo de los servicios públicos esenciales para la comunidad. Entre los logros de la etapa socialdemócrata clásica de los años 80, liderada por Felipe González, está la implantación de una educación y una sanidad públicas universales y, con algunos matices, gratuitas, que han situado a España entre los Estados del bienestar europeos. Esta construcción fue realizada, con enorme inteligencia, sobre esta base histórica de una red existente de entidades privadas educativas y sanitarias que ocupaban buena parte de nuestro paisaje social. Desde entonces, la colaboración pública-privada en la prestación de servicios esenciales tan básicos e importantes para la población ha sido una constante y seña de identidad de nuestro Estado social.

En el ámbito educativo, los entonces ideados conciertos públicos integraron a buena parte de la red privada, configurando un asentado sistema mixto que, con algunas tensiones y disfunciones, tiene un balance razonable. En sanidad, la opción fue derivar a los funcionarios del Estado hacia la amplia red privada sanitaria, mantener el papel de las mutuas de accidentes de trabajo en la colaboración privada de asistencia sanitaria de contingencias profesionales y permitir diversas fórmulas de gestión privada de este servicio público esencial. Esta metodología fue luego desarrollada en la gestión sanitaria de las Comunidades Autónomas con un balance, salvo algunos problemas identificados, satisfactorio.

Un paseo por cualquier ciudad española muestra un paisaje de hospitales y consultas privadas que convive con una potente red hospitalaria y de centros de salud públicos, o muchos colegios privados, la mayoría de nombre religioso, que cohabitan con colegios públicos. Lo público y lo privado configuran la España social porque el tiempo perdido histórico solamente podía ser recuperado desde esta ambivalencia. A pesar de ello, en ciertos sectores ideológicos ha surgido una nostalgia de la exclusividad pública y un rechazo visceral de lo privado, como si nuestro país careciera de Historia o nuestro Estado del bienestar democrático hubiera sido fundado desde la nada. La crisis y los recortes presupuestarios han motivado también un cuestionamiento de estos modelos mixtos, sin preguntarnos, en esta época dura, qué habría sido de nuestros servicios públicos educativos y sanitarios, si buena parte de la población que los recibe, en ámbitos privados, estuviera en el sector específicamente público.

La crisis y estas resistencias ideológicas a modelos mixtos han bloqueado, últimamente, sistemas de colaboración entre ambas esferas de nuestro Estado social. Las reformas laborales articularon jurídicamente fórmulas muy interesantes de colaboración público-privada en los servicios de empleo que apenas han sido utilizadas. La formación, adaptación y colocación de los desempleados a través de agencias privadas, incluyendo a las empresas de trabajo temporal, en colaboración con los servicios públicos de empleo, está desaprovechada, cuando los índices de colocación pública son ínfimos. De igual modo, ambiciosos proyectos sociales planteados ya en los gobiernos de Zapatero, como la Ley de Dependencia o la universalización de la educación entre 0 y 3 años, han tenido escaso recorrido, por la falta de presupuestos pero también por la escasa valentía en utilizar el sector privado para su ejecución.

Es necesario, con la recuperación económica, continuar profundizando en la España social. Pero siendo conscientes de nuestra historia, señas de identidad y realidad. Debemos recuperar y aprovechar al máximo la colaboración público-privada en el desarrollo social, introduciendo incentivos en la sociedad civil y empresarial para lograr el beneficio de todos. Y no inventarnos un país de exclusividad pública eficiente que nunca existió.

Jesús Lahera es profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense

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